La juez imputa al ´Ulibarri mallorquín´ por cohecho, defraudación y malversación

LEVANTE-EMV/EFE VALENCIA/PALMA La juez del "caso Voltor", que investiga una supuesta trama de corrupción en Baleares, dejó ayer en libertad bajo fianzas de 100.000 euros a los cuatro últimos detenidos en esta operación, entre ellos el ex conseller de Turismo por Unió Mallorquina (UM), Francesc Buils, y Jacinto Farrús, uno de los mayores patronos de la comunicación en las islas. Farrús fue el gran beneficiado por el gobierno del popular Jaume Matas en la concesión de licencias de TDT, a semejanza con lo ocurrido en la Comunitat Valenciana, en la que el empresario leonés José Luis Ulibarri logró la concesión de trece licencias de TDT por parte del gobierno de Francisco Camps.
La adjudicación a Farrús supuso la creación de un oligopolio político, empresarial y mediático que controla casi totalmente el desarrollo de la TDT local de las Islas Baleares. Cuatro únicas empresas (Canal 4, Broate Balear, Falcó Produccions y M7) se repartieron 24 de las 28 programaciones de las siete demarcaciones locales del archipiélago. Dos de dichas empresas (Canal 4 y Broate Balear) están controladas por Farrús.
Este empresario también había contratado a Javier Mato Veiga, ex jefe de prensa y de gabinete de Jaume Matas en el Govern y en el Ministerio de Medio Ambiente, para diseñar la estrategia de expansión de su grupo. Canal 4 forma parte, junto a la empresa Otnis, de Serveis Balears de Televisió, la compañía concesionaria de la producción de los informativos de la radio y la televisión de IB3, así como del 50% de su programación.
Ayer, la juez Carmen Abrines, atendió la petición del fiscal e impuso a los imputados Buils, Farrús, Gabriel R. M. y Juan E. P., responsables estos últimos de una empresa de informática, además de las fianzas, la retirada del pasaporte y prohibición de abandonar España, y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.
A Buils la juez le imputa delito continuado de defraudación a la administración, malversación de fondos públicos y cohecho, también de forma continuada. Por su parte, Farrús y los dos informáticos están acusados de los mismos delitos, aunque en el caso del cohecho no de forma continuada, y además se les atribuyen sendos delitos electorales.
El "cas0 Voltor" investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) a empresarios próximos a Unió Mallorquina. Un concurso presuntamente amañado para la investigación turística por valor de 360.000 euros, se adjudicó Jacinto Farrús.