JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
?
El desgarro en la izquierda valenciana, que alcanzó la máxima virulencia con la destitución de Glòria Marcos como portavoz de Compromís pel País Valencià en las Corts en julio de 2007 y un año después, con su expulsión del grupo, volverá a pasearse por los juzgados. Hace semanas, el titular del juzgado de primera instancia número 21 de Valencia requirió a la Cámara autonómica y a Compromís la documentación sobre la separación de Marcos de la formación parlamentaria, diarios de sesiones y actas internas para verificar las circunstancias que rodearon la decisión. Para el viernes de la próxima semana, día 26, el juez ha citado a los diputados de Esquerra Unida, por un lado, Lluís Torró y Marina Albiol, como testigos, y a los de Iniciativa del País Valencià, Mònica Oltra y Mireia Mollà, y del Bloc, Enric Morera y Josep Maria Pañella, que acordaron la expulsión.
En el proceso, actúa como demandante Glòria Marcos, quien posteriormente renunció al acta por problemas de salud, facilitando presencia institucional a la actual líder de EU, Marga Sanz. Tras la decisión aprobada con los 4 votos de los diputados del Bloc e Iniciativa -los entonces tres parlamentarios de EU se negaron a asistir-, Marcos presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales. Según la ex dirigente de Esquerra Unida, la medida disciplinaria no cumplió con las mínimas garantías procedimentales y respeto a sus derechos democráticos para poder defenderse. Entre otras cuestiones, Marcos reprochaba que el pliego de cargos le imputaba actuaciones consideradas como motivo de expulsión en el reglamento aprobado por el grupo con posterioridad a esas actuaciones. Marcos también denunció públicamente que Mollà presentó enmiendas a un proyecto de ley de Participación del que ella era la ponente, sin su permiso. Por eso el juez ha solicitado las actas y diarios de sesiones de la comisión y del pleno que debatió la ley de Participación.
Los ex socios de coalición, hoy separados por una sima de rencor, no es la primera vez que se ven en los juzgados. Ya lo hicieron en julio de 2008, cuando EU reclamó al Bloc 48.752 euros de la campaña electoral y también por el despido de una de las trabajadoras históricas del grupo de Esquerra Unida, hoy en Compromís.