La Generalitat ha sellado, como el resto de comunidades autónomas, el pacto nacional para lograr una sanidad más austera, que incluye medidas para ahorrar 1.500 millones en medicamentos y contener los gastos de personal y las plantillas. El acuerdo cae como una bendición en las maltrechas finanzas autonómicas -la astronómica factura de la asistencia sanitaria absorbe el 39,7% de todo el presupuesto del Consell en 2010-, al tiempo que pone a prueba a un Ejecutivo autonómico que se ha visto desbordado a menudo para controlar el gasto de Sanidad. Desde que Camps accedió al Palau de la Generalitat, el gasto sanitario comprometido con cargo a ejercicios futuros -la hipoteca derivada de contratos y deudas a los que gobiernos venideros tendrán que hacer frente cada año- se ha casi quintuplicado, al pasar de 1.402 millones al finalizar 2003 hasta 6.251 millones en 2008, último año auditado por la Sindicatura de Comptes.
La losa de gasto futuro "atado" se ha multiplicado por 4,46 -o, lo que es lo mismo, se ha incrementado un 346% - y, por primera vez, superó en 2008 el presupuesto destinado a Sanidad de todo un ejercicio. Los citados 6.251 millones comprometidos no podrían haberse pagado con los 5.454 millones asignados a la atención de los valencianos en las cuentas de 2008. Peor aún, tampoco la dotación de Sanidad en 2009 y 2010 bastaría, con 5.659 y 5.720 millones, respectivamente. Además, casi todo es gasto de funcionamiento. Para 2009, el Consell, al empezar el año, tenía ya "atado" un gasto de 829 millones, 715 de ellos para funcionamiento y el resto, inversión; para este año, 605 millones, 530 de ellos, capítulo dos; para 2011, 480, todo funcionamiento; para 2012, 470; y a partir de 2012, los restantes 3.867 millones de euros.
El gasto hipotecado en Sanidad inicia su crecimiento exponencial a partir de 2004, la primera vez que se reflejan los contratos para la gestión privada de los hospitales de la Ribera y Torrevieja, así como la construcción de la nueva Fe. Los acuerdos de privatización implican el pago anual de decenas de millones a las firmas concesionarias durante más de diez años. Los últimos citados por la Sindicatura en el informe de 2007, los referidos a la atención integral en las áreas de Elx-Crevillent y Manises, prevén ya de entrada un coste a lo largo de 15 años de 974 y 1.055 millones, respectivamente.
El salto de 2007 a 2008 se debe precisamente a que Sanidad no incluyó inicialmente esos más de 2.000 millones entre los compromisos con cargo al futuro que dejaba cerrados. En las cifras referidas a 2008 se añade además la privatización de otros servicios sanitarios, como el concierto para la gestión de las técnicas de diagnós?tico por imagen.
"Facturas en los cajones"
Sin embargo, lo más grave es la hipoteca que se deriva de una atención ya recibida que habrá que pagar en el futuro, hipotecando futuros recursos. El caso más flagrante es el de las llamadas "facturas en los cajones". Al respecto, el Síndic advierte que en los 6.251 millones no se incluyen las obligaciones no reconocidas, que se abonarán con cargo a endeudamiento. Son nada menos que 990 millones de facturas entre 2002 y 2004 y 774 millones por servicios prestados entre 2006 y 2009. Estos acuerdos han permitido aflorar facturas en los cajones. Pero no han resuelto el problema de fondo: El gasto sanitario fuera del presupuesto pasó de 1.409 millones al cierre de 2007 hasta los 1.837 millones al finalizar 2008.
En todo el período, la sanidad es la sección con el segundo mayor volumen de gasto comprome?tido para años futuros. La primera, lógicamente, es la deuda, incluyendo amortización e intereses. En total, a finales de 2008 la hipoteca global para el futuro ascendía a 25.449 millones. En 2003, esa hipoteca dejada a gobiernos venideros era de 14.447 millones.
Durante estos años, la Administración Camps ha encontrado enormes dificultades para controlar el gasto sanitario. La prueba de ello es que los fondos iniciales destinados en las cuentas a Sanidad se han incrementado, entre 2003 y 2010, un 74,8%, al pasar de 3.272 millones a 5.720 millones. Ese aumento contrasta con el registrado por el presupuesto global de la Generalitat en el mismo período, el 61,5%, de 8.907 a 14.392 millones de euros. Las desviaciones de los presupuestos siempre engordan el área de Sanidad. En 2008, último ejercicio auditado, el presupuesto inicial asignaba el 39,4% de los recursos a Sanidad. La fiscalización reveló que, finalmente, el gasto efectivo -sin contar las facturas en los cajones- otorgó el 41,8% a la atención sanitaria.
Financiación insuficiente, más habitantes y una gestión mejorable
La Sindicatura ha hecho su diagnóstico sobre las causas del descontrol o creciente peso del gasto sanitario. Consell y oposición toman sólo la parte de la explicación que les interesa, obviando la otra. En su último informe correspondiente a 2008, el Síndic constata "los problemas estructurales derivados de una financiación insuficiente del sistema sanitario valenciano, no ajustada a la realidad demográfica actual", un problema que, recalca, se arrastra desde que se recibieron las transferencias sanitarias, a partir de 1988, y que está detrás de las "facturas en los cajones". Los populares se han limitado a arremeter contra el Gobierno de Zapatero por la no actualización de la población en el modelo a la hora de repartir el dinero entre las autonomías, silenciando que era el sistema aprobado por Aznar el que impedía la actualización del censo. El nuevo modelo ha mejorado la financiación, aunque para el Consell sigue siendo insuficiente.
Pero además, el Síndic ofrece otras causas al incremento del gasto. La más preocupante se refiere a la "necesidad de una gestión más efectiva". El auditor público constata el fuerte incremento de la población en la Comunitat, por encima de la media nacional, sobre todo inmigrantes. También en el segmento de los mayores de 65 años. Junto a ello, señala la creciente demanda de servicios sanitarios, lo que ha supuesto aumento de plantillas y salarios, o los tratamientos más costosos.
