J. R. VALENCIA
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El importante incremento de la deuda por habitante en los últimos años, especialmente durante 2009, ha ido acompañado por un progresivo empobrecimiento de la economía claramente detectable a partir de 2008. La crisis se ha cebado especialmente en comunidades como la valenciana cuya riqueza se ha basado principalmente en el sector del ladrillo.
El declive inmobiliario ha tenido consecuencias letales para la economía valenciana y por ende, para las arcas autonómicas cuyos ingresos han caído en picado . El problema es que el retraimiento de la economía no ha ido acompañado de una moderación en el recurso a la deuda. Todo lo contrario. Mientras la curva del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) desciende, la relativa al endeudamiento se dispara al alza. La deuda creció en 2009 un 465% respecto a 1996. El año anterior lo hizo un 380%. La riqueza interior, sin embargo, decreció. Tomando 1996 como año base, del aumento del 151% de 2008 se pasó en 2009 al 147%.
Con estas cifras como carta de presentación, el Consell tendrá que convencer al Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF) convocado para el próximo lunes de que su plan de saneamiento será capaz de reequilibrar las finanzas. La Conselleria de Economía y Hacienda se vio obligado a adoptar un plan de reequilibrio como consecuencia del exceso de déficit en el que incurrió en 2008. Otras autonomías también han tenido que hacer lo propio. El plan de saneamiento, el segundo que toma el Gobierno de Francisco Camps, incluye el anunciado plan de austeridad cuyo contenido es en parte una incógnita. Pese al llamamiento de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para que las autonomías adopten nuevas medidas de control de gasto, el titular de Hacienda, Gerardo Camps, ya ha dicho que descarta medidas extraordinarias al considerar que con su plan de austeridad ya ha hecho los deberes.
Cabe recordar, tal como adelantó Levante-EMV, que Hacienda ha ordenado un severo ajuste a las cuentas públicas a tres meses de iniciarse el ejercicio, un tijeretazo que finalmente supondrá recortes de hasta el 30% en inversiones y transferencias corrientes.
