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La Agencia Española de Protección de Datos -AEPD- ha responsabilizado a la Conselleria de Justicia de la aparición de documentos judiciales en la calle. Los expedientes procedían de los juzgados de Primera Instancia números 3 y 6 de Alzira, pero los jueces han sido eximidos de responsabilidad porque pidieron a la Generalitat sin éxito destructoras de papel. La AEPD abrió a finales de mayo de 2008 la investigación tras denunciar un medio de comunicación la aparición de informes judiciales sin destruir pertenecientes a juzgados de Alzira, Madrid, Barcelona, Sevilla y A Coruña.
La investigación periodística arrancó precisamente en Alzira, después de que un ciudadano encontrara en la calle folios con membrete oficial "a la vista" en una bolsa que también contenía basura. El ciudadano comunicó su hallazgo a Informativos Tele 5. Los periodistas de Tele 5 comprobaron que se trataba de un informe policial sobre un caso de malos tratos y de documentación de varias demandas de divorcio y custodia de hijos. Los reporteros ampliaron sus pesquisas a otros juzgados y entregaron toda la documentación a la Agencia de Datos.
La AEPD le ha comunicado a la Conselleria de Justicia que ha cometido una falta grave. La Agencia de Datos considera que la Generalitat Valenciana tienen la obligación de dotar a los juzgados de los medios necesarios para garantizar la seguridad de los documentos judiciales. El Consell negó tener cualquier responsabilidad y alegó que en todos los juzgados de la Comunitat existe un protocolo para eliminar o conservar de forma segura la documentación judicial.
Sin embargo, los dos juzgados de Alzira informaron a los inspectores de la Agencia de Datos de que no disponían de destructoras de papel a pesar de que lo habían solicitado en varias ocasiones a la Generalitat Valenciana. Los responsables judiciales indicaron que dentro de los juzgados el acceso a los procedimientos está limitado al personal legitimado como los procuradores. Además, precisaron que disponían de un servicio de retirada de papel, que dependía de la Conselleria de Justicia.
La AEPD ha llegado a la conclusión de que los jueces y secretarios judiciales de Alzira no tuvieron ninguna responsabilidad en el incidente. La resolución advierte de que el Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- "ha sido particularmente diligente" a la hora de instruir a los responsables de los juzgados sobre cómo cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos.
El expediente incide en que es la Conselleria de Justicia la que "debe velar por el mantenimiento de un nivel óptimo de seguridad". La AEPD concluye que la Generalitat Valenciana vulneró la Ley de Protección de Datos por la aparición de los expedientes judiciales de Alzira.
Sin sanción económica
La Agencia Española de Protección de Datos ha instado al Consell a que "adopte las medidas de orden interno" que impidan que en el futuro pueda producirse un nuevo incidente. La entidad no ha impuesto a la Generalitat Valenciana ninguna sanción económica porque sólo las puede dictar cuando la infracción la comete una empresa privada o un particular.
