La reforma de la ley urbanística valenciana, que quitará iniciativa a los promotores en beneficio de los ayuntamientos, ha sido cuestionada por el gremio perjudicado: los arquitectos. La Agrupación de Arquitectos Urbanistas del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana ha alegado ante la Generalitat que la marginación de los promotores urbanísticos, tal como prevé la ley, impedirá la recuperación de este sector clave de la economía valenciana.

En una batería de alegaciones presentada el lunes, los arquitectos afirman: "Si uno de los objetivos de la reforma legislativa es impulsar el dinamismo económico de la Comunitat Valenciana, hay que decir que no será posible la agilización de la actividad urbanística dejando a la iniciativa privada un papel marginal limitado a la ejecución del planeamiento". Por ello, los arquitectos reivindican "un papel protagonista" para los promotores. Sobre todo, en la capacidad para impulsar la actividad urbanística "vía convenios o formulación de propuestas de planeamiento".

"Quitar a la iniciativa privada la potestad de hacer propuestas de planeamiento, hasta el punto de impedir siquiera la figura del convenio para tal fin, parece excesivo habida cuenta de la falta de medios y de capacidad de gestión de la administración municipal", añaden.

En el fondo, los arquitectos comparten el espíritu de la nueva ley urbanística. Es decir: que los Planes Generales recuperen su protagonismo, que la capacidad de decisión sea pública, y que se amputen las amplias prerrogativas que la LRAU concedía al agente urbanizador. La actuación de este último, guiada por el interés empresarial y amparada por la "dejación de funciones" de la administración, "ha supuesto que la ordenación del territorio se haya hecho de forma carente de una visión de conjunto", admiten. También consideran "necesaria" la reforma de la ley porque las "inseguridades jurídicas" de la actual legislación han tenido un "efecto multiplicador" en las consecuencias de la crisis económica actual.

Sin embargo, los arquitectos discrepan de que no puedan tramitarse planes urbanísticos al margen del diseño urbanístico municipal. Por otro lado, también exigen que las administraciones tengan que cumplir unos "plazos" concretos en la tramitación de los proyectos urbanísticos. Y como "única manera creíble" de lograrlo, proponen "aplicar el silencio positivo en caso de no emisión del informe en plazo".