La Fiscalía cree que la pulsera telemática no debe sustituir a la prisión en casos de maltrato

LEVANTE-EMV VALENCIA La portavoz de la Fiscalía de Valencia y fiscal de Violencia Doméstica, Susana Gisbert, aseguró ayer que la pulsera telemática para controlar a los agresores "no debe sustituir a la prisión" cuando la pena de cárcel "esté justificada".
"Cuando la integridad de la víctima corra riesgo no debe temblar nunca el pulso para acordar la medida de prisión, una medida que siempre es reformable tanto de oficio como a través de los recursos que prevé la ley", señaló Gisbert durante su participación en el VIII Ciclo de Violencia Doméstica.
Según un comunicado del Colegio de Abogado de Valencia (ICAV), organizador de la jornada, durante el encuentro se analizó, entre otros temas, la figura de la orden de protección como medida cautelar en los casos de violencia doméstica y de género.
Durante su intervención, Gisbert señaló que dentro de la orden de protección, el juez puede determinar todas las medidas cautelares previstas en el procedimiento penal para asegurar con carácter urgente la protección y el bienestar de la víctima.
En el caso de la pulsera, esta medida es "positiva siempre que se utilice adecuadamente, ya que entraña el riesgo de que personas que debieran ir a prisión justificadamente se les imponga en sustitución la medida de la pulsera telemática porque la autoridad judicial considera que así ya está permanentemente localizable".
"Ambas medidas no son equiparables y no tienen la misma intensidad", aseguró la portavoz de la Fiscalía de Valencia, quien considera que cuando "lo procedente es ir a prisión la pulsera telemática no es un sustitutivo".
Según manifestó, de esta manera, "se está poniendo en peligro la vida de la víctima, sin perjuicio de que en función de la presunción de inocencia se haya de adoptar siempre la medida menos gravosa para el imputado".
Susana Gisbert explicó que la orden de protección no sólo puede instarla la propia agredida, sino también el Ministerio Fiscal de oficio cuando detecte casos que así lo requieran y en los que la mujer no quiere denunciar, o incluso la pueden solicitar personas relacionadas con la víctima que son testigos del maltrato.
"En este procedimiento no se pueden permitir dilaciones ni aplazamientos, ni tampoco traspasos de un juzgado a otro, porque puede estar en juego la integridad física de una víctima y actuar con rapidez es vital", concluyó.