La polémica por las revelaciones de Ángel Luna del informe policial sobre la visita del Papa traspasó ayer las fronteras de la Comunitat Valenciana. Génova no gana para disgustos con el caso Gürtel y sus ramificaciones valencianas, pero en esta ocasión el PSPV ha dado armas a los populares de Mariano Rajoy para reforzar su ofensiva contra el Ministerio del Interior.
La teoría de la connivencia entre el Gobierno de Zapatero, la fiscalía y el juez Garzón que el PP ha enarbolado en numerosas ocasiones para desacreditar la investigación judicial sobre Gürtel saltó ayer de nuevo al discurso popular. El diputado por Valencia y vocal de la comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, Ignacio Gil Lázaro, se hizo eco de las demandas de sus compañeros de partido en Valencia y exigió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, explicaciones «sin demora» sobre el documento «secreto» exhibido por el síndic socialista. Gil Lázaro pidió a ambos que investiguen un «flagrante delito». Y se mostró convencido de que el Ejecutivo y el PSOE «siguen haciendo trampas a la Justicia en el caso Gürtel».
«Causa general contra el PP»
En su opinión, lo que hizo Luna en las Corts no sólo «es un delito» sino que «acredita la connivencia que en este asunto se viene dando entre Gobierno, Fiscalía y PSOE pisoteando el Estado de Derecho en función de su interés partidista». Para el diputado la exhibición del documento y la estrategia de «filtraciones interesadas» forman parte de «un planteamiento ilícito y sectario, que comenzó en la célebre cacería de Garzón y de Bermejo y que tiene por objeto impulsar una espuria causa general contra el PP».
