E diputado socialista en Les Corts Valencianes Francesc Signes ha denunciado hoy que ha recibido "recomendaciones o amenazas" de un cargo público y de una sociedad privada para que no investigue adjudicaciones del Gobierno valenciano a la empresa Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino.

Asimismo, el portavoz socialista, Ángel Luna, ha asegurado que va a buscar las pruebas "por todos los medios posibles" de que ha habido "tramitación irregular, tráfico de influencias y trato de favor" en esas adjudicaciones, y ha afirmado que estaría dispuesto a pagar de su bolsillo por algún documento "si el beneficio para la Comunitat" fuera "muy sustancial".

Los dos diputados han explicado en una rueda de prensa que la Generalitat les ha negado la documentación sobre los expedientes de adjudicación de la Generalitat a Sedesa -en solitario o en UTE- en la última década, que ascienden a 830 millones de euros, lo que a su juicio sitúa esos contratos "al mismo nivel de ocultismo y de oscurantismo" que los de "la trama Gürtel".

El PSPV pidió esa documentación tras conocerse el Informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que se refería que Vicente Cotino, de Sedesa, habría entrado en negociaciones con Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Pablo Collado, vinculados a la trama Gürtel, para comprar la firma Easy Concept, proyecto en el que participaría el ex director de Radiotelevisión Valenciana Pedro García.

Luna ha concluido que si el Gobierno de Francisco Camps se opone a "despejar la sospecha" sobre esa empresa es porque despejarla puede llevar a la "certeza" de que no se ha actuado "con arreglo a la ley" en los expedientes de contratación de la Generalitat, por lo que van a buscar los documentos, y si eso les permite acudir de nuevo a los tribunales de Justicia, lo harán.

En su opinión, esta puede ser una de las cuestiones que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el "caso Gürtel", y ha resaltado que ante acusaciones de trato de favor en la Administración hay quien pone los papeles sobre la mesa, y quien, como la Generalitat, "bajo siete llaves".

Signes ha desvelado que se le han hecho llegar "determinados mensajes y recomendaciones" para no "insista" en los expedientes que "el PP esconde", aunque ha rehusado dar detalles más allá de que proceden de un cargo público -que no es el conseller- y de alguna sociedad privada, y Luna ha añadido que, además, "en algún momento ha habido amenaza de querella".

Signes ha asegurado que no le van a intimidar y ha expresado su "presentimiento" de que muchos de los expedientes que "más preocupan" al Consell corresponden a las Consellerias de Medio Ambiente y de Sanidad, que han abocado al resto de Consellerias contratantes a una "estrategia de opacidad común y coordinada".

Por su parte, Luna ha hecho un llamamiento a personas que conocen lo que ha pasado para que les faciliten información, algo que ha asegurado que "se está produciendo ya en muchos casos", pues tienen la "convicción" de que ha habido actuaciones irregulares en esa empresa, pero no "las pruebas para llevarlas a ningún sitio".

A su juicio, el vicepresidente Cotino puede "seguir lanzando miserables exabruptos" para "desviar la atención del verdadero problema que tiene, que es la colección de tratos de favor que ha recibido su empresa familiar en relación con la Generalitat", pero van a perseguir todo delito que sea perseguible, si lo hay y lo pueden demostrar.

Preguntado sobre si pagaría para conseguir informes, Luna ha dicho que hasta ahora no ha tenido que hacerlo y que puede garantizar la legalidad de los mecanismos de obtención de información, y ha añadido: "si el beneficio para la Comunitat Valenciana de obtener un informe o algún documento pagando por él fuera muy sustancial, lo pagaría de mi bolsillo".

Luna ha señalado que el PP les ha cerrado la vía parlamentaria, ya que a la petición de esos expedientes de contratación sólo les han remitido los pliegos de condiciones que se publican en el Diari Oficial, por lo que luego no deben extrañarse de que acudan a los tribunales.

Signes ha indicado que el pasado 6 de octubre formalizó su primera petición de esta documentación, y que fue unos días después, el 14 de octubre, cuando Cotino delegó las competencias de contratación.