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El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha reclamado a Álvaro Pérez, "El Bigotes", el delegado en la Comunitat Valenciana de la trama de presunta corrupción vinculada al PP que dirigía Francisco Correa, una fianza de 650.000 euros en concepto de responsabilidad civil, para el caso de una eventual condena, por la deuda tributaria contraída en los últimos años y por los beneficios supuestamente irregulares obtenidos con sus actuaciones, según publicó "El Periódico de Catalunya". En total, Pedreira reclama a los principales cabecillas de la red 116 millones y les dio un plaza hasta hoy -a dos días del levantamiento del secreto sobre el resto del sumario- para recoger el dinero o, en caso contrario, dictará el embargo de sus bienes.
Al jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, el magistrado le ha impuesto una fianza de 85 millones de euros de la que su número dos, Pablo Crespo, deberá responder solidariamente; mientras a Carmen Rodríguez Quijano (esposa de Correa) le pide una fianza de 800.000 euros. Al abogado Ramón Blanco Balín, a quien se le achaca haber dirigido toda una estrategia de blanqueo de capitales, le exige 30 millones, siempre según el citado rotativo. Pedreira remitió el pasado miércoles a los acusados un auto en el que comunica la cantidad que les pide de fianza por la deuda tributaria y los beneficios obtenidos con el blanqueo de capitales.
Nuevo informe de la AEAT
Los cálculos del magistrado se basan en un informe que ha elaborado la Agencia Tributaria en el que refiere, según "El País", que Correa dejó de pagar por IRPF durante el periodo 2002-2007 nada menos que 36 millones. Tampoco liquidó el impuesto de Patrimonio. Pablo Crespo, por su parte, no pagó 539.000 euros de IRPF de 2006. En cuanto a Álvaro Pérez, presidente de la filial valenciana de Correa, Orange Market, no pago el impuesto de la renta de sus trabajadores en 2006 y 2007, por importe de 330.000 euros. Este informe es el que ha llevado a Pedreira a fijar nuevas garantías a los responsables.
Los abogados de los imputados ya han reaccionado. En concreto, la defensa de Correa presentará un recurso basado en la anulación de las escuchas de la cárcel entre los acusados y sus letrados. El argumento es que la eliminación de estas escuchas puede suponer la supresión de pruebas que se obtuvieron a partir de éstas, lo que a su juicio podría conllevar una rebaja en las responsabilidades y, en consecuencia, de la fianza.
