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Más allá del escaso grado de ejecución de las obras importantes del Plan Confianza, los municipios continúan teniendo problemas para recibir el dinero de la Generalitat. Cabe recordar que dependiendo de la población del municipio, las obras del plan Camps se ejecutan de un modo u otro. En los casos de más de 10.000 habitantes, es la Generalitat, a través de sus consellerias, la que se encarga de todo el proceso directamente; cuando la población tiene menos de diez mil personas, es el ayuntamiento quien debe licitar y adjudicar la obra, aunque el pago final lo asume la Generalitat.
Pese a los 134 millones pagados por obras certificadas, fuentes conocedoras de la evolución del plan apuntaron que muchos consistorios están recurriendo a operaciones de crédito tipo "factoring" ante el "bloqueo de tesorería" de la Generalitat. Así, los ayuntamientos están pidiendo créditos a los bancos mientras llega el dinero de la conselleria en cuestión para poder poner en marcha las obras y dinamizar las empresas locales y crear puestos de empleo, que son algunos de los objetivo del plan. Unas operaciones que estarían costando a las arcas municipales el pago de intereses y que, además, generarían un retraso en el cobro a los contratistas, con casos de más de seis meses de espera hasta cobrar. "La Generalitat está creando un problema financiero en cadena por la falta de dotación del plan", apuntaron fuentes municipales.
Cabe recordar que esta pata del Plan Confianza -la inversión en proyectos en municipios- prevé invertir 1.020 millones de euros entre 2009 y 2010. La iniciativa surgió poco tiempo después y como respuesta desde la Generalitat al fondo estatal de Zapatero. El plan Confianza aspira a crear 30.000 puestos de trabajo.
