Hacienda revela irregularidades contables del PP valenciano en el caso Gürtel

El informe, al que ha tenido acceso Efe, fue solicitado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y analiza los pagos y cobros de Orange Market en 2007, año en el que se celebraron las últimas elecciones autonómicas y municipales.

Durante ese ejercicio, Orange Market documentó mediante facturas e incluyó en su contabilidad "solamente una parte de los servicios realizados", pero también prestó otros "que no incluyó en su contabilidad, ocultando también el cobro recibido por ellos".

"El receptor único o principal de estos servicios, que dan lugar a cobros supuestamente no incluidos en contabilidad, es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)", asegura la AEAT, que agrega que esos cobros "en B" se obtuvieron "en el marco de las elecciones valencianas y las elecciones locales de 2007".

Según las documentación analizada, Orange Market declaró haber prestado servicios al PPCV por importe de 751.903,44 euros, mientras que facturó otros 1.132.880 euros a la Generalitat valenciana y a organismos dependientes de ésta.

Un tercer bloque de clientes estaba compuesto por empresas como Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A., Constructora Hormigones Martínez S.A., Luis Batalla S.A., Padelsa Infraestructuras S.A., Juan Sanz S.L., Piaf S.L. y otras.

"Sin embargo, de la documentación incautada en la sede de Orange Market se deduce que los servicios prestados al primer bloque de clientes (PPCV) son bastante superiores a los declarados contable y fiscalmente y hay dudas razonables de que algunos de los servicios prestados al tercer bloque pudieran no ser reales y encubrir la prestación de servicios al cliente del primer bloque", dice la AEAT.

El informe analiza la relación de los ingresos ocultados por Orange Market con los gastos del PPCV derivados de las dos citas electorales.

La conclusión es que "del gasto total de la campaña, incluyendo la parte correspondiente a la cuota del IVA repercutido (en los casos en los que Orange Market emitió factura), una parte fue pagada por el PPCV y otra por terceros".

"La opacidad con la que se entregan las cantidades a Orange Market para el pago de los gastos de la campaña hace presumir que no se correspondan con recursos declarados o transparentes, por ello presumimos que esos pagos del PPCV se corresponden con donaciones o aportaciones anónimas recibidas de terceros", afirma Hacienda.

Para la AEAT, "la ocultación de ingresos, gastos, elementos patrimoniales y beneficios por parte de Orange Market no tiene causa alguna si su destinatario va a declararlos en sus estados contables, por lo que es razonable suponer que esos ingresos y gastos también se han ocultado por parte del PPCV".

El informe agrega que "la aplicación de los principios contables más básicos" obligaba al PPCV "a registrar como un ingreso propio de su actividad las donaciones o aportaciones recibidas y como gasto del ejercicio los servicios adquiridos a Orange Market o a terceros por conceptos de realización de los actos de campaña y de comunicación".

Hacienda recuerda que la ley no permite compensar un ingreso con un gasto sin reflejarlo en las cuentas y subraya que "ese es el fin de la contabilidad, dar información a la propia empresa y a terceros de la situación financiera de la entidad, pero también de la corriente real de bienes y servicios que circulan por ella".

"Es más, dadas las limitaciones y condiciones estrictas en que debe desarrollarse toda contienda electoral, en un partido político es mucho más importante conocer esa corriente real de bienes y servicios que cuáles son sus deudas y patrimonio en un momento dado", concluye.

El PP se querella contra la A.Tributaria por falsedad documental y prevaricación

El PP se ha querellado contra la Agencia Tributaria por entender que ha cometido delitos de prevaricación y falsedad en documento público en el informe en el que revela presuntas irregularidades en las cuentas del partido en Valencia. Así consta en el escrito de la querella que ha presentado el PP ante un juzgado madrileño, al que ha tenido acceso Efe.

En el texto, los populares constatan que el informe de Hacienda no aporta pruebas de que el PP valenciano ocultara pagos a Orange Market por cuantía de 2,5 millones de euros, pagos correspondientes a la organización de la campaña de las elecciones autonómicas y locales de 2007.

La organización de Mariano Rajoy indica que en el informe "se advierte la intencionalidad clara y manifiesta" del autor de imputar "hechos punibles" al PP, y además "con desprecio de la verdad y ánimo tendencioso".

Con ello, añade la formación, se "rebasa los límites de la discrecionalidad técnica para sumirse en la más absoluta arbitrariedad con el espurio fin de servir como vehículo inculpatorio".

Para el PP, el objetivo que persigue la Agencia Tributaria, sólo con "la simple lectura del informe", no es investigar las cuentas de Orange Market -la empresa de Álvaro Pérez, "el Bigotes", con la que supuestamente contrató el PP valenciano la organización de actos de partido-, sino "conseguir una apariencia delictiva artificial".

Acusan los populares al funcionario autor del informe de dar "una apariencia de verdad oficial" a unas afirmaciones que, según consta en el texto de la querella, "no son más que elucubraciones gratuitas, interesadas y parciales".

Aquí ve el PP "la trascendencia penal" de los hechos por los que presenta la querella.

También destaca que el informe se basa en "elementos no contrastados", sino al contrario, en "unas meras elucubraciones previas" provenientes de un informe anterior, el que redactó la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía en julio del año pasado.

Ese "desprecio por la averiguación de los hechos", que es algo que el PP detecta en el informe de la Agencia Tributaria, consiste a juicio de los querellantes en afirmar sin pruebas que el partido que preside Francisco Camps ocultó pagos a Orange Martket, dando lugar con ello a la creación de una contabilidad B.

Por tanto, la cifra que menciona el informe, los 2,5 millones de euros que el PP valenciano habría ocultado en la organización de su campaña para las elecciones de 2007, no se hallan apoyadas en "elemento probatorio alguno".

Las conclusiones del informe también son objeto de censura para el Partido Popular, ya que asumen "unas hipótesis de trabajo" que "no pueden sustentarse mínimamente como tales conclusiones".

En suma, sentencia el PP, el informe de Hacienda se ha configurado en "un instrumento de imputabilidad basado en hechos notoriamente falsos".

Por todo ello, pide que se dé declaración como imputado al funcionario de la Agencia Tributaria que redactó el documento.

Esta querella se hace un día antes de que el Tribunal Supremo decida si reabre la causa contra el presidente de la Comunidad Valencia, Francisco Camps, por su presunta vinculación con la trama Gürtel.