El número de grupos en los institutos públicos de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP) a lo largo de la Comunitat Valenciana podría sufrir una "drástica" reducción, según la planificación que estudian los tres servicios territoriales de la Conselleria de Educación para el curso próximo 2010-11. De momento, se barajan dos opciones: una más dura que supondría hasta 310 unidades menos y otra más suave, con unas 100.

En ambos casos, afectaría a los profesores interinos contratados que podrían ir a la calle -unos 620 en la opción A y 200, en la B- y al número de alumnos por aula, creando una mayor masificación al crecer la ratio -hasta 40 estudiantes-, informó ayer la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) del sindicato UGT.

El aumento de ratios llegaría a ser de más de 30 alumnos por aula en ESO; hasta 40 estudiantes en el Bachillerato y unos 35 en la FP.

Por provincias, en la peor de las hipótesis supondría rebajar cien grupos en Alicante; otros 55 en Castelló y 155 en Valencia. El nivel mas afectado será el de Formación Profesional donde "el problema se agrava cuando el curso pasado cerca de 7.000 personas no pudieron matricularse debido a la falta de plazas en los institutos públicos valencianos" añadió FETE-UGT.

Ante el proceso de matriculación para el nuevo curso, los servicios territoriales realizan la planificación de grupos a partir de las propuestas de años anteriores de cada centro, más la prospección del presente ejercicio en función de diferentes variables: el número de alumnos que promocionan y los que repiten, modalidades formativas que se ofertan en los distintos niveles o los programas de diversificación y PASE. Todos deben ser debidamente autorizados ya que suponen de uno a tres profesores, con un coste aproximado de 30.000 euros por docente y curso.

"Debido a la crisis económica, la conselleria ha distribuido unas instrucciones escritas sin membrete ni anagrama a la inspección para realizar un estudio preliminar de impacto de la reducción de grupos y profesores" añade el sindicato que achaca a la conclusión en 2010 de la memoria económica de la LOE, que obliga al pago al 50% entre el ministerio y las autonomías de programas como el PASE, compensatoria o diversificación.