Las Corts inician la vía para la Carta Municipal de Valencia

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA Las Corts acordaron ayer por unanimidad incorporar en la ley de Régimen Local una cláusula para iniciar el camino hacia la Carta Municipal de Valencia, que fijará las competencias y singularidad del "cap i casal", con el fin de reclamar después al Gobierno un régimen de financiación especial, como Madrid o Barcelona. La aprobación se produjo a partir de una enmienda socialista. Del texto final modificado por el PP se cayó la alusión a "la condición como capital de la Comunitat" de Valencia, al tiempo que se incluyó la exigencia de financiación estatal, aunque una vez se apruebe la Carta.
La comisión de Gobernación debatió el proyecto de ley, que queda listo para el pleno. Una nueva disposición determina que en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley se creará una comisión mixta entre representantes de la Generalitat y el ayuntamiento para estudiar y elaborar la Carta Municipal de Valencia, que estará redactada en el plazo máximo de un año desde su constitución. "En ese momento, se pondrán en marcha las medidas legislativas a nivel estatal conducentes a dotar a la ciudad de Valencia de un régimen municipal especial que regule un régimen financiero especial para el Ayuntamiento de Valencia", añade. El PP pedía que la exigencia de financiación estatal fuera paralela a la elaboración de la Carta pero acabó aceptando que sea después. La socialista Cristina Moreno, quien aspiró a ser la candidata a la alcaldía del PSPV y ayer fue la artífice del acuerdo, culpó a la alcaldesa, Rita Barberá, de ser la "responsable" de que en 2005 el Estatuto de Autonomía no incluyera la capitalidad de Valencia.
En el debate, el PP rechazó fijar la cuantía del Fondo de Cooperación Municipal, que el socialista Joaquim Puig concretó en el 2,5% del presupuesto consolidado de la Generalitat. César Augusto Asencio (PP) defendió que no se puede "improvisar" una cantidad "teniendo en cuenta la crisis" y "los recortes" impuestos por el Gobierno. Puig replicó que ésta es una promesa del Consell desde 1999, mucho antes de la crisis actual. Asencio, eso sí, indicó que los 350-380 millones que supondría el porcentaje pedido por el PSPV es "un techo alto en función de la financiación por habitante de la Comunitat". Contradijo así al portavoz, Rafael Blasco, que ha defendido un fondo de 3.000 millones.
Puig reclamó a Camps que, en lugar de derogar la ley de coordinación de las diputaciones, la aplique para convocar a los presidentes y marcarles un plan de austeridad que acabe con el "despilfarro" de estas instituciones. También exigió que se las "vacíe" de competencias. El PP lo rechazó alegando que ya se están aplicando ajustes, que las diputaciones son "una realidad jurídica" y que no están por los "experimentos". Los populares eliminaron a instancias de Compromís el artículo que abría la puerta a que los reglamentos municipales fijen un mínimo de ediles para tener grupo propio y no ir al mixto.