Retrasar la selectividad una semana o posponerla un día y comprimirla en tres jornadas de mañana y tarde para que no coincida con la huelga de funcionarios prevista para el martes 8 de junio, la misma fecha en que está programado el inicio de estas pruebas de acceso a las que se prevé que se presenten unos 15.000 estudiantes, son dos de las opciones que analizan las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Educación.
Sin nada decidido aún, las propuestas serán debatidas hoy en la reunión de la comisión gestora, integrada por ambas partes, y se adoptará "la que se considere que más conviene de forma conjunta y consensuada", indicaron ayer fuentes tanto de la conselleria como de la Universitat y la Politécnica de Valencia consultadas por Levante-EMV.
La que tiene más visos de que prospere es la de comprimir en tres jornadas la selectividad y que comience el 9 de junio -un día después de la huelga-. De esta forma, se desarrollaría de miércoles a viernes (9, 10 y 11), sin montarse exámenes de la fase obligatoria e intentando que no se solapen los de la fase específica, que es voluntaria y para subir nota. Las mismas fuentes apuntaron que, en caso de que se diera la circunstancia de que a un alumno le coincidiera el viernes a la misma hora dos pruebas, se darían soluciones. En cualquier caso, recordaron que la huelga, aunque está convocada por los sindicatos para el día 8 no hay nada definitivo porque antes se había barajado el 2 de junio.
Éste es el primer año que se pone en marcha la nueva selectividad y en la Comunitat Valenciana se ha programado en tres días y medio frente a los tres de anteriores convocatorias. Otras autonomías (Aragón, Cataluña) tienen las pruebas en las mismas fechas. Adoptando la decisión citada, conselleria y universidades se evitarían tener que establecer servicios mínimos a sus funcionarios -profesores de universidad o de instituto y los bedeles-.
Intervienen 1.300 profesores y bedeles
En el proceso de preparación y realización de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunitat Valenciana intervienen tanto la Conselleria de Educación como las cinco universidades públicas. De los 26.000 alumnos que cursan segundo de Bachillerato, se espera que unos 15.000 se sometan a ellas de los que, hasta ahora, aprobaba más de un 95%.
En total, son 54 tribunales, y en cada uno de ellos hay una media de 20 personas. Unos 1.300 funcionarios, entre profesores de universidades y de instituto (al 50%) y bedeles, trabajan para que funcione la PAU.
Un presidente de tribunal cobra 1.080,64 euros; secretario, 828,49; el vocal de corrección, 345,80 y el auxiliar, 216. Por corregir reciben 2,17 euros por cada examen, con un máximo de 200.
