ONG afines al PP evitan la tijera de Blasco

FRANCESC ARABÍ VALENCIA La anemia galopante que sufren las cuentas de la Generalitat, por la crisis económica y una deuda que paraliza, tiene muchos pliegues y costuras. Pocas áreas se están librando de una tijera. El último reparto de ayudas a las ONGD para proyectos de cooperación ha certificado un del 30% sobre los fondos presupuestados, que, a su vez, ya suponían una rebaja del 35% en relación a los recursos destinados en 2009. Sólo 13 de los 19 millones de euros previstos irán a parar a los 66 proyectos aprobados. Nada menos que 217 se han quedado en eso, en meros proyectos. Castillos en el aire de los que pendían muchas ilusiones en el Tercer Mundo y también puestos de trabajo en el sector de la solidaridad. Empleos que dependen de ese 9% del total de la ayuda concedida que puede destinarse a gastos administrativos.
En buena medida -98 casos- se han rechazado por falta de recursos. "Agotamiento de fondos", es el argumento oficial aportado por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, que regenta Rafael Blasco. ¿Y cómo se determina quién se queda fuera si no hay dinero para todos Las prioridades no están justificadas porque no se facilita ninguna relación ordenada de la puntuación de los proyectos como sí se hace en unas oposiciones.
El recorte no ha afectado a todos por igual. Tres entidades afines al PP acumulan 737.397 euros. Se trata de la Fundación Humanismo y Democracia, H+D, la Fundación Iberoamérica Europa-Cipie y Valencians per Nicaragua. La primera se ha llevado 449.100 euros por proyecto agrario en Bolivia. El patronato de esa entidad es territorio popular. Su presidente, Rafael Rodríguez-Ponga, José Ramón Pin Arboledas, Eugenio Nasarre o el diputado por Valencia Ignacio Uriarte son algunos de los dirigentes y ex cargos del partido. H+D tiene pocos motivos para quejarse del trato del Consell. En la etapa popular se ha llevado 2.687.532 euros para desarrollar 16 proyectos. A la fundación Iberoamérica España CIPIE le han correspondido esta vez 255.000 euros para ampliar un centro educativo para mujeres marginadas en Panamá.
Al frente de esta entidad está Pablo Izquierdo, ex jefe de prensa de Aznar y ex diputado popular. Su nombre saltó a la prensa a raíz de una investigación de la UE por un presunto fraude en la obtención de un millón de euros para tres proyectos en El Salvador. El pasado mes de diciembre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ordenó a la Fiscalía de su país investigar a esa fundación al tener la sospecha de que en 2007 contribuyó con 250.000 euros a financiar el golpe de Estado. En menor cuantía, 33.297 euros, la asociación Valencianos por Nicaragua, ha logrado que le financien su proyecto de "ayuda a la construcción de casas". Además de estas entidades, otras que han recibido cuantiosas ayudas del Consell en la etapa popular son la fundación Hispano Cubana, que se ha llevado 550.032 euros para cuatro proyectos, o la Cánovas del Castillo, a la que se ha inyectado 1.064.662 para cinco programas de cooperación. Estas entidades han logrado 4,6 millones del Consell popular.

El 0,7% queda muy mermado
Entre los 66 proyectos agraciados en el reparto no pasan inadvertidas tres asociaciones de inmigrantes con actividad exterior: Aculco (Asociación Cultural de Cooperación al desarrollo por Colombia e Iberoamérica), Aesco (América, España, Solidaridad y Cooperación) e Indígenas Ecuatorianos Residentes en la Comunidad Valenciana-Intiñán. A esta última, el departamento de Blasco le ha otorgado 37.139 euros para un proyecto agropecuario en Loja (Ecuador), mientras que a Aesco le han correspondido 102.382 euros para financiar un programa de reducción de la pobreza en Perú. Aculco, por su parte, ha obtenido 200.448 euros para agricultura ecológica.
Los recortes a la cooperación dejan el objetivo del 0,7% fijado en la Ley de Cooperación y el Pacto Valenciano contra la Pobreza, suscrito hace un año, en apenas el 0,21%, según la coordinadora de ONGD. Blasco asegura que el 0,7% se cumple y el PSPV rebaja la realidad de la cooperación al 0,18%. Su secretaria de movimientos sociales, Clara Tirado, acusa a Blasco de usar las ayudas para ajustar cuentas con entidades críticas con la obligación de destinar el 1% a publicitar el proyecto a través de una firma indicada por la conselleria. El PSPV denuncia que Blasco intenta utilizar políticamente a los inmigrantes a través de estos fondos.