El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, aseguró este miércoles, tras conocerse la decisión del magistrado instructor del 'caso Gürtel' Antonio Pedreira, que todo es "un montaje, de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada". Además, Camps lamentó que es objeto "de un acoso sin parangón en la historia de la democracia española" aunque lo afronta" con tranquilidad".

Camps, aseguró a los medios de comunicación que su gobierno "adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros" y en este caso, se está hablando "de 80 contratos en seis años" y de una "pretendida financiación" irregular de los populares valencianos que, según él, se ha "demostrado, sindicada y fiscalizada, que no es así".

"Seguiré dándoles todas las explicaciones que quieran. No hay nada que ocultar ni esconder", manifestó el jefe del Consell, quien añadió que desconoce el tiempo que se tardará en que se sepa "la verdad", aunque consideró que se trata de un "proceso mediático" y manifestó que confía en los jueces.

"Lo de hoy ya ha venido por aquí y ya ha sido varias veces rechazado", en alusión a decisiones adoptadas por el TSJCV, y apuntó que espera que esta vez "sea rápido porque no tiene sentido que no lo sea, y se atienda a la realidad y a la verdad porque hemos contestado en tiempo y forma a cada una de las cuestiones que se apuntan". También emplazó a los "dirigentes" del "acoso" a abandonar sus responsabilidades una vez concluya el juicio y "se demuestre que todo esto no es cierto".

CUENTAS FISCALIZADAS

Así, Camps insistió en que se trata de un "montaje sobre cuestiones que no son ciertas" y remarcó que se está hablando de 80 contratos "cuando la Generalitat en estos seis años ha firmado decenas de miles de contratos de todo tipo" y "estamos hablando de la financiación de un partido que ha fiscalizado sus cuentas en el Tribunal de Cuentas y en la Sindicatura".

Remarcó que la Generalitat "también tiene fiscalizadas sus cuentas cada año" y apuntó que el Consell "es el gobierno autonómico o nacional que más rápidamente fiscaliza sus cuentas, a año vencido". Al respecto, incidió en que todas las cuentas y contratos de la Generalitat "han sido fiscalizados, la financiación del partido también lo ha sido y vuelvo a decirles que aquí no hay nada de nada".

Señaló que le gustaría que se atiendan también "las explicaciones del Gobierno valenciano, que tiene tanto derecho como cualquier otra instancia a contar la verdad, su verdad, que puedo asegurarles que es la verdad" y defendió que permitan también al PPCV "poder contar con toda tranquilidad la verdad, que es su verdad, pero también es la verdad, porque si no, al final, se intenta por parte de algunos mezclar conceptos, causas y cosas que nada tienen que ver".

CONFIANZA EN LA JUSTICIA

Muy tranquilo, el presidente de la Generalitat valenciana manifestó su confianza "plena" en los jueces y, por ello, auguró que al final esto "terminará absolutamente en nada, estoy completamente convencido", puesto que, subrayó, "es la tercera vez que, en algunos de los casos, en año y poco tiempo, viene a Valencia" parte de la causa. "Primero lo trajo la policía, luego el Partido Socialista, hoy lo trae la Fiscalía y las anteriores veces fue rechazado", aseveró.

Así, explicó que en "el propio proceso anterior, exactamente igual, fueron rechazadas tantas veces como se intentó por parte de algunas acusaciones que se incluyesen estos papeles y estas cuestiones".

"JUICIO MEDIÁTICO"

Para Camps, "esto se ha convertido en un juicio mediático" y "sería muy interesante que todos atendiesen también las razones de quienes tenemos los informes, la tranquilidad de la fiscalización debida, las cuentas claras y de quienes hemos demostrado con auditorias y con informes una y otra vez que las cuentas del PP y las adjudicaciones de la Generalitat son correctas".

También aseguró que seguirá dando "todas las explicaciones que quiera y que crean convenientes porque no hay nada que ocultar", reiteró, y apuntó que no sabe "el tiempo que tardaremos en que al final se sepa la verdad y alguien diga que el juicio se ha acabado y que la Administración autonómica y el PP no tiene ni tacha ni matiz alguno".

Además, apuntó que cuando esto ocurra, las personas que están dirigiendo el "acoso", deberían "dejar responsablemente las tareas o responsabilidades que en estos momentos tienen" porque la sociedad española "se lo merece, que alguna persona que insiste una y otra vez en continuar con este acoso, cuando se demuestre que todo esto no es cierto, tranquilamente renuncie a la responsabilidad de cualquier tipo que tenga".

"ABSOLUTA LEGALIDAD"

Por su parte, el PP de la Comunitat Valenciana reiteró este miércoles la "absoluta legalidad" de sus cuentas y rechazó "cualquier acusación de financiación ilegal" tras la decisión del Pedreira. Así, desde las filas populares reiteraron que no existe financiación irregular en el partido y que las cuentas de la formación están "perfectamente auditadas y fiscalizadas por los órganos competentes".

Los populares valencianos también reiteraron que las cuentas son "fiscalizadas anualmente por el Tribunal de Cuentas" y que las cuentas referidas a las campañas electorales autonómicas son "auditadas, de manera independiente, por la Sindicatura de Cuentas autonómica". Asimismo, recordó que, en todos los caso, "los órganos de control han ratificado la legalidad de las gestión del partido".

APOYO UNÁNIME

La dirección nacional del PP quiso mostrar este miércoles su apoyo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps ya que aseguran que las declaraciones del popular tras conocer la decisión de Pedreira han sido "acertadas", en especial el hecho de que recordara que hay que ponerlo en su justo valor en comparación con las supuestas adjudicaciones de la trama 'Gürtel'.

Sin embargo, el delegado del Gobierno de la Comunitat, Ricardo Peralta, manifestó que esta decisión "confirma la peor de las hipótesis para Camps y los otros cargos del PP implicados", al tiempo que pidió al jefe del Consell, que la Generalitat quede "liberada" y no tenga que acompañarle "en el tránsito judicial que todavía le queda".