El juez ve indicios de delitos en el Consell

Tal y como recoge en el auto el juez, al parecer esta decisión está encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana.

Además, el magistrado ve indicios de delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula de Francisco Camps. También, halla indicios de delitos contra la Hacienda Pública y advierte que de que los informes de la Agencia Tributaria se desvela que otros hechos de la facturación de Orange Market desvelan un posible delito electoral vinculado a las elecciones de 2008, las elecciones generales.

Asimismo, destaca en el auto las numerosas irregularidades en la contratación de las empresas dirigidas por Francisco Correa y la Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009, las que podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación.

La inhibición se realiza después de que el Supremo reabriera la causa contra Camps y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

DELITOS ELECTORALES

El juez pide la acumulación de los delitos electorales sobre las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007. Esgrime que estos delitos están vinculados con el pago de servicios prestados por Orange Market al PPCV durante la campaña electoral de los citados comicios. "La deuda que el citado partido habría contraído con la mercantil se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél, sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria", señala el magistrado en el auto.

Pedreira también añade que "esa deuda del PPCV --en cuantía de, al menos, 345.200 euros--, habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market a sus sociedades". "Facturas que, en consecuencia, reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles y que de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al PP de la Comunidad Valencia en cuanto cancelan una deuda de éste".

IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN Y COHECHO PROPIO

No obstante, en el auto, se solicita la acumulación al TSJCV por causa de conexidad de los delitos investigados contra la Administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana. En concreto, el juez alude a un informe de la unidad de auxilio judicial del 13 de abril de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia.

Indica que las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat valenciana. Entre otros datos, la intervención expone la preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el Gabinete del Presidente.

Además, el juez se refiere a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 que pone de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad Valenciana. "La participación de Ricardo Costa Climent en estos hechos podría determinar una diferente valoración jurídica de los regalos percibidos por el mismo, y que son objeto del procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia".

PLANTEA COMPROBAR RELACIÓN ENTRE REGALOS Y CAMPS

Por otra parte, consta en el auto el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia".

Así, resalta que "la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como con la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar la posible relación entre los regalos investigados en el procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia y los cargos que ocupaban en el PP y en la Generalitat valenciana Rafael Betoret; Víctor Campos; Ricardo Costa y Francisco Camps".

DELITOS CONTRA LA HACIENDA

Asimismo, el juez cita de nuevo el informe de la unidad de auxilio judicial de la AEAT de 6 de mayo de 2010 para corroborar los datos y conclusiones expuestos por la unidad de auxilio judicial de la UDEF, de 31 de julio de 2009, respecto a la facturación en el años 2007, de la mercantil Orange Market S.L. al PP de la Comunidad Valenciana.

El instructor entiende que los hechos expuestos podrían ser constitutivos de dos delitos electorales sancionados por el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; de delitos contra la Hacienda Pública por el IVA y el Impuesto sobre Sociedades de 2007 de la sociedad Orange Market S.L. y de delito de falsedad documental.

"Una de las personas que aparece como partícipe en estos delitos es Ricardo Costa Climent", a quien se le imputa en Valencia la percepción de regalos por parte de responsables de Orange Market. Por esas dádivas, uno de los delitos que se le imputan es el de cohecho.