Los concertados también aplicarán la ley del profesorado

EP El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, anunció hoy la aprobación en el pleno del Gobierno valenciano del Anteproyecto de Ley de la Generalitat de Autoridad del Profesorado, cuyo objetivo es "garantizar el ejercicio efectivo de la función docente en los centros públicos y concertados, la promoción de la convivencia y la autonomía del profesorado en el desarrollo educativo del alumnado".

Font de Mora, tras el pleno del Consejo, destacó que uno de los problemas evidentes que tiene la educación es la "relación" entre las familias, los alumnos y el profesorado. Una forma de enfocar los conflictos entre estas partes es a través de la "consideración de esta ley", cuyo núcleo fundamental es la "protección jurídica al profesorado", explicó.

En este sentido, apuntó que la Generalitat ya está aplicando el decreto autonómico que hace referencia a la autoridad pública del profesorado. Concretamente, en 2009 se aplicó en 23 casos y hay ocho casos incoados en 2010, en los que la Administración autonómica "está ya alegando la condición de autoridad pública de los docentes".

El consejero destacó que se fija por ley que el profesor tendrá la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones; gozará de la presunción de veracidad en la aplicación de medidas correctoras o disciplinarias y, además, tendrá la protección jurídica por parte de la Generalitat.

Un segundo núcleo del texto legal se refiere a la responsabilidad y reparación de daños. Así, el alumnado que cause daños en las instalaciones "quedará obligado" a repararlo y serán responsables civiles del mismo sus tutores legales.

En caso de agresión física o moral al profesorado, también deberá repararse dicho daño mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos. Asimismo, se fija la obligación del equipo directivo escolar de poner los presuntos delitos o faltas en conocimiento de la Fiscalía. Igualmente, el ámbito de protección se amplía de los trabajadores de centros públicos a los concertados.

De esta manera, se pretende fomentar la participación del profesorado en la elaboración, control del cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia en el centro y el aula así como asegurar el reconocimiento, respeto, ejercicio correcto y efectiva garantía de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa.

Para ello, se reconoce el derecho del profesorado a ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados en el ejercicio de sus funciones y a desarrollar su labor docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente a la integridad física y moral.

También se reconoce su derecho a participar y recibir la colaboración necesaria para la mejora de la convivencia escolar y la educación integral del alumnado, a disponer de autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un clima de convivencia adecuado en las clases y las actividades escolares y a la protección jurídica adecuada.