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Saber cuánto ingresa la empresa Gerocentros del Mediterráneo, que opera con el nombre comercial Centros Residenciales Savia, de la Generalitat por las plazas concertadas con Bienestar Social es un enigma. Los pagos a esa firma, controlada en un 38,7% de sus acciones por Sedesa Concesiones, en el año 2009 están incluidos en un capítulo de gastos que comprende nada menos que 177,6 millones de euros. Todos y cada uno de los abonos por "trabajos realizados por empresas y profesionales" para el departamento de Angélica Such, comprendidos en esa cantidad, siguen siendo casi secreto de Estado.
Cuatro meses después de que el diputado socialista Antonio Torres solicitó, el 25 de enero, una copia de todo el "listado del mayor, por centro de gasto y concepto" de los distintos programas del capítulo II del presupuesto de Bienestar Social, el Consell sigue negando la información. El 3 de marzo, Such respondió al parlamentario del PSPV que los datos solicitados "forman parte de los sucesivos resúmenes de información contable cuya ejecución es objeto de la información que periódicamente se remite desde la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo a las Corts".
Torres recurrió en amparo a la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, para indicar que la documentación que él solicita "no es objeto de información periódica". Porque Gerardo Camps remite simplemente número de programas e importes, pero no el listado de los beneficiarios. La última noticia que el diputado socialista ha recibido en su particular cruzada es un escrito de Angélica Such en la que se reitera en su posición de remitirse a los números de euros, pero no revelar ningún nombre beneficiario de los mismos. Centros Residenciales Savia ingresó en 2007 casi 16 millones de la Generalitat, cifra que se elevó a 30 millones en 2008, según el diputado socialista. Se da la circunstancia de que en el accionariado de Gerocentros del Mediterráneo también figura la empresa Enrique Ortiz e Hijos, con la misma participación del 38,7% que Sedesa Concesiones. Hormigones Martínez controla el 10% del capital social y Lubasa otro tanto.
Las cuatro principales accionistas de Gerocentros del Mediterráneo están acusadas por el juez Pedreira y la Brigada de Blanqueo de financiar ilegalmente al PP al abonar facturas a Orange Market por servicios que nunca les prestó y con el fin de reducir la deuda del PP valenciano con la firma Gürtel por actos que le montó.
