«Las acusaciones de Camps contra los jueces son muy graves; debería argumentarlas con datos»

Ve con preocupación cualquier tipo de corrupción porque la considera uno de los males de la democracia. Cree que el Código Penal parece benevolente con los políticos corruptos, pero destaca que la última reforma pretende intensificar las penas de prisión.

SANDRA LLINARES, ALICANTE
­El TSJ de Madrid ve hasta siete delitos en el caso Gürtel que afectan a Francisco Camps. ¿Cree que debe dimitir?
Es una pregunta de contenido político a la que no puedo responder. Lo que conviene es no entorpecer el proceso desde fuera, y la justicia debe acelerarlo.

¿Y qué le parece que el TSJ valenciano no apreciase indicios de delito de cohecho por el asunto de los trajes?
Esto es algo que sucede con frecuencia en justicia, y para eso están los recursos, para corregir las decisiones. En este caso el Tribunal Supremo ha decidido corregir la del TSJ la Comunitat Valenciana a efectos de investigación, que aún está en una fase embrionaria. Ya veremos hasta dónde se extiende la investigación.

¿Cómo valora las declaraciones de Camps acusando a los jueces directamente y al Gobierno de conspirar contra él?
Me parecen unas acusaciones muy graves; eso hay que basarlo en datos reales, y, si los tiene, que los argumente, porque algunas podrían constituir delitos perseguibles por la justicia. Lo que yo creo es que no se deben poner obstáculos a la investigación y sobre todo hacer elucubraciones que necesitan de un contraste probatorio. A mí me parece que, por un lado, los jueces debemos mantenernos en nuestro espacio, pero los políticos tienen que dejar trabajar a la justicia. La gran aportación del sistema democrático es la transparencia.

¿Es el Código Penal demasiado benevolente con los políticos corruptos?
Parece que sí, porque precisamente la última reforma, que está muy avanzada, hace hincapié precisamente en la necesidad de intensificar las penas por los delitos de corrupción y que en todos los casos lleven aparejada la pena de prisión. Pero la idea es intensificar con penas de prisión la actitud corrupta de los funcionarios y trabajadores al servicio público.

¿Cuál es la gravedad de un delito de cohecho impropio, como el aceptar unos trajes regalados?
Todo está dentro del marco de los delitos cometidos por los funcionarios y los servidores públicos. Desde hace tiempo hay una mayor preocupación lógica por el fenómeno de la corrupción en el desempeño de la función pública. Es uno de los mayores males que se puede causar a una democracia. En una dictadura, la corrupción es consustancial, pero en una democracia, si se instaura de una manera casi institucional, pierde valores y los ciudadanos dejan de creer en la misma. No ha habido ninguna organización terrorista que haya conseguido derribar una democracia, pero sí ha habido fenómenos de corrupción que han conseguido envenenarla.

¿Está politizada la justicia?
En la justicia, que tiene un número de jueces muy alto, habrá de todo. Los casos nos llegan a nuestros despachos, no salimos a buscarlos a la calle. Entonces, si el conflicto tiene una trascendencia política importante, algunos opinarán que el caso se habrá politizado, lo cual no me parece que sea una opinión muy certera.

Y los procesos de elección para los cargos judiciales, como el que actualmente vive la Comunitat Valenciana para la presidencia del TSJ, ¿son un intercambio de cromos entre los distintos partidos?
Yo ya hace muchos años que viví un caso que me afectó directamente cuando pedí la presidencia de la sala segunda del Supremo. Después de unos meses retiré mi petición al ver, como dije en su día, que el sistema era un intercambio de cromos y no era serio. Por desgracia, creo que las cosas no han mejorado demasiado y el sistema es manifiestamente mejorable. Por ello pienso que el propio CGPJ debería tomar conciencia de la mala imagen que esto da y lo que desprestigia a las instituciones. Lo que me preocupa es que se intercambien cromos en función de las adscripciones a las asociaciones de jueces. Existe una gran masa de no asociados —y eso que yo soy asociado— que están siendo olvidados en los nombramientos.

¿A quién ve presidiendo el TSJ de la Comunitat Valenciana?
No conozco con detalle el proceso aquí ni los candidatos, pero apostaría por una persona ajena a las asociaciones, de prestigio profesional y méritos jurídicos.

¿Qué piensa de la causa abierta contra Garzón, que precisamente lleva un magistrado de la sala segunda del Supremo, a la que usted perteneció?
Creo que mis colegas deben reconsiderar la reacción internacional que ha producido el encausamiento del juez Garzón. Esto quiere decir algo. No se trata sólo de un problema nacional que se resuelva con arreglo a criterios o posicionamientos respecto a la Guerra Civil. Eso sería un disparate histórico, sino que en esta causa se refleja lo que han sido los crímenes contra la humanidad, un reflejo que se inició en Nuremberg, que se consolidó a través de las Naciones Unidas, que se ha plasmado en distintos tratados que España firmó, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos antes de la amnistía. Cualquiera que sea la posición sobre la amnistía, lo cierto es que España había firmado el pacto y eso la comprometía a aplicar retroactivamente las normas del Derecho Internacional de los tratados. Estamos ante un debate jurídico, y siempre he pensado que cuando hay debate jurídico, no existe prevaricación.

¿Debería Garzón sentarse en el banquillo por intervenir las conversaciones de sospechosos del caso Gürtel con sus abogados?
Lo cierto es que estas escuchas son polémicas y se han declarado nulas. Desde 1992, cuando se dictó el auto del caso Naseiro, tan relacionado con la Comunitat Valenciana y donde las escuchas no tuvieron valor probatorio, el Supremo puede haber declarado nulas, sin exagerar, unas 300 ó 400 escuchas. En ningún caso el Supremo ha procedido contra el juez. Si de ahí nunca hemos pasado, creo que ahora tampoco.