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El inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, Vicente Baeza, formalizó ayer una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig por las irregularidades detectadas el domingo en el examen celebrado en el Aulario I de la Universidad de Alicante, donde algunos de los más de 1.800 opositores utilizaron "pinganillos" para copiarse. El diputado responsable de Bomberos, Javier Castañer, confirmó que Baeza presentó la denuncia al ser el presidente del tribunal de esta oposición y dijo que tienen previsto reunirse mañana para decidir si dan validez al examen realizado o se repite la prueba. Lo que ha recibido la Guardia Civil es una grabación realizada en el exterior del Aulario, donde estaba la caravana de los implicados en la trama, y que será analizada por si ayuda a identificar a nuevos implicados o permite a los responsables de la prueba saber si dispusieron de tiempo suficiente para copiarse todas las preguntas, según indicaron fuentes cercanas al caso.
Para ello, se trata de ver el tiempo que pasó entre la salida del primer opositor y cuándo fueron descubiertas las dos personas que había en la caravana. La Guardia Civil, cuando fue alertada por los responsables de la oposición, desplazó una patrulla al campus de San Vicente y al llegar los dos sospechosos se habían marchado en un coche remolcando la caravana. A continuación inspeccionaron otro vehículo donde había dos ordenadores usados en la trama.
Además del opositor que fue localizado tras descubrir a las personas que había en el exterior del Aulario, el tribunal sospecha que pudo haber alguna persona más utilizando el mismo medio técnico. El opositor compareció ayer tarde en el cuartel de San Vicente y no ofreció detalles explícitos sobre la trama, pese a que el día anterior admitió que el precio final estaba en función de si aprobaba o no la oposición
Dado los problemas que conlleva la repetición de un examen teórico para más de 1.800 opositores de distintas provincias -más de 200 no se presentaron-, el tribunal esperará a conocer la opinión de la Guardia Civil y del juzgado para saber cómo actuar. Salvo el opositor al que descubrieron copiando, el resto terminó la prueba y los exámenes están guardados y sin corregir. Inicialmente, fuentes de la Benemérita indicaron que podría no existir una infracción penal, aunque será el juzgado quien se encargue de calificar los hechos. Fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que el caso cabría en un delito de falsedad, aunque sería difícil enmarcarlo en el ámbito penal, ya que debe demostrarse que existe un perjuicio económico para otras personas.
