Los tropiezos de los ciudadanos con el ladrillo, con todas sus aristas, supusieron el año pasado un trozo mayor (9%) de la tarta que representa el total de quejas al Síndic de Greuges. José Cholbi recoge un incremento de las quejas sobre vivienda (de 83 a 119), en buena parte relacionadas con las dificultades de acceso a una VPO o, en general, una primera residencia. En materia urbanística —asunto que concentra 203 reclamaciones— el informe es un varapalo al departamento que dirigió el malogrado García Antón y, desde agosto, Juan Cotino, así como a los ayuntamientos por permitir el caos, cuando «la sociedad valenciana demanda un urbanismo que ha de responder a (...) un desarrollo sostenible», según la memoria.
El Síndic urge a los alcaldes a aplicar cirugía de choque en las obras ilegales en ejecución. Recomienda paralizarlas y «cursar orden de cortar el suministro de agua y luz a las empresas distribuidoras con el fin de evitar la consolidacio?n de las construcciones ilegales, con el grave daño para el medio ambiente».
Evitar que mande el urbanizador
Ir a la vía judicial para lograr la preceptiva autorización de derribo es un error. Porque los consistorios han de «anticipar el coste» de la demolición, lo que supone «una importante carga para sus exiguos presupuestos», que luego se intenta revertir en el infractor. Muchas veces, esa pretensión acaba en un infructuoso procedimiento de apremio porque «la deuda se declara fallida ante la insolvencia del infractor», señala el Síndic. Cholbi cuestiona, tras atender numerosas quejas, el abuso en el desarrollo de «grandes dimensiones de suelo al margen del PGOU, sin revisarlo previamente». El Síndic invita a los alcaldes a rechazar esas «actuaciones de gran envergadura e impacto que producen una mutación radical del modelo territorial», así como a dejar de hacer un uso «excesivo de la potestad excepcional y restrictiva de aprobar los llamados planes parciales de mejora, (...) incurriendo en el llamado ´urbanismo a la carta´ a golpe de la iniciativa privada del promotor o urbanizador». A este respecto, el Síndic reivindica el papel de la Administración (autonómica y local) en la «dirección de la entera actividad urbanística» y como responsable del «gobierno del territorio y el cuidado de ciudades y pueblos», por encima de la figura del urbanizador.
La cuarta parte de las quejas presentadas ante el defensor del ciudadano tiene que ver con la aplicación de la ley de la dependencia. Son 948 reclamaciones tramitadas, casi la mitad exacta que en 2008, cuando se presentaron 1.864 quejas. Cuando se mezclan «cuestiones sanitarias y sociales» se evidencia una absoluta «falta de respuesta coordinada e integral por parte de las Administraciones». El correctivo al área que gestionó Juan Cotino hasta agosto y, después, Angélica Such, es triple. Cholbi cuestiona la lentitud en el trámite de solicitudes, que en ocasiones «suponen demoras de hasta tres años sin resolución», algo especialmente grave en un sector de población con «muchas personas de edades avanzadas y otras con verdaderos problemas de salud», subraya. Respecto a expedientes no resueltos de personas ya fallecidas, recomienda «reconocer las prestaciones económicas que hubieran correspondido a la persona dependiente, desde el día siguiente al de la solicitud hasta la fecha del fallecimiento». En tercer lugar, exige que se reduzcan «al mínimo» los plazos para la calificación de minusvalía.
Los servicios prestados por entidades locales son, por delante del urbanismo, la segunda área que más protestas concentra, con 368. Entre otros asuntos, algunas abusivas revisiones catastrales.
Más inversión en infantil porque los padres trabajan
El Síndic insta al Consell a «incrementar el número de centros de educación preescolar e infantil sostenidos con fondos públicos para una mejor conciliación de la vida laboral y familiar». En esa misma línea aboga por aportar recursos para transporte y comedor escolar, aunque no sea educación obligatoria. En materia estrictamente sanitaria, Cholbi conmina a la conselleria a realizar un estudio sobre el coste que tendría sufragar las prótesis capilares de los pacientes que las necesitan tras haber sido sometidos a quimioterapia en procesos oncológicos. Son muchas las mujeres que han elevado queja por este motivo. Asimismo, se ha solicitado, y atendido, la duplicación de la tarjeta sanitaria de menores de padres separados para dar facilidades a las familias.
