La Junta de Jueces de Valencia decidió ayer rebajar la actividad ordinaria de los juzgados al volumen de carga de trabajo fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todo ello como consecuencia del anuncio de las reducciones salariales que contemplan las medidas de recorte adoptadas por el Gobierno y, además, no descartan convocar una huelga como "última vía" de protesta contra dichas bajadas retributivos, según informó el juez decano de Valencia, Pedro Viguer.
Preguntado por cómo afecta la rebaja salarial a los jueces y magistrados, precisó que depende de las categorías pero que se trata de un "importante recorte" que afecta al diez por ciento de las retribuciones básicas y al seis por ciento de las complementarias.
Aplicando dicho porcentaje, y teniendo en cuenta que el sueldo neto de un juez es de 3.500 euros, pasarían a cobrar 3.150 euros al mes. Después habría que aplicar la otra reducción, la del seis por ciento, a los complementos salariales tales como la antigüedad o las guardia, en el caso de los jueces de instrucción.
Los módulos del CGPJ
En la actualidad, de media, los juzgados están tramitando a un 153 por ciento. De hecho, algunos juzgados como los mercantiles llegan incluso al 200 por ciento. Fuentes judiciales consultadas por Levante-EMV aseguraron que si los magistrados llevan a cabo su amenaza, y sólo tramitan los asuntos que fija el Consejo, el colapso será evidente en menos de un mes.
Tras la reunión de la Junta de Jueces -que representa a 106 juzgados-, el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, informó de que también se acordó pedir la revisión del régimen de incompatibilidades de los jueces y magistrados, e instar a las asociaciones de jueces a recurrir a las vías legales oportunas para "combatir" los recortes de los empleados públicos.
A día de hoy, los jueces y magistrados sólo pueden trabajar en sus juzgados o en la docencia. Según explicó Viguer, su régimen de incompatibilidad es excesivamente duro ya que tienen regulado hasta el número de horas que pueden dedicar a dar clases.
Los magistrados de Valencia pedirán al CGPJ que logre la autonomía presupuestaria para que no siga siendo dependiente económicamente del poder Ejecutivo, situación que comparó con la paga de fin de semana paterna de la que depende un adolescente.
Viguer insinuó la posibilidad de que el Gobierno asigne una partida presupuestaria al CGPJ, y sea éste el que decida cómo debe repartirse el dinero.
Con respecto a la posibilidad de que vayan finalmente a la huelga, Viguer aseguró que el 8 de junio, en que hay convocado un paró de empleados públicos, los jueces de Valencia no secundarán la protesta.
