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Las convocatorias tanto de ayudas de comedor escolar como de la gestión de su servicio para el próximo curso en los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana, que acaba de publicar la Conselleria de Educación, no son del agrado ni de los directores de los colegios de Primaria ni de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos.

Para que el alumno reciba la ayuda, a los padres que no puedan justificar sus ingresos o la falta de ellos a través de Hacienda o cualquier otra documentación "no les bastará esta vez con una declaración". Deberán "aportar informe de los servicios sociales de base del ayuntamiento respectivo o de la conselleria de Bienestar", según la resolución de Educación.

Además, las familias monoparentales deberán acreditarlo por medio del padrón, aunque no es necesario estar casado ni ser pareja legal para ser computable como "sustentador principal".

El presidente de la Asociación de Directores de Primaria, Vicent Ripoll, señaló ayer a Levante-EMV que "no estamos dispuestos a que los consejos escolares tengan que dar los puntos cuando haya circunstancias especiales. No queremos tener esa potestad para decidir sobre las personas".

Por su parte, María José Navarro, presidenta de FAPA Valencia, lamentó que en la nueva orden, publicada ayer, que regula la gestión de los comedores escolares, "la conselleria nos deja fuera. No podemos, tan siquiera, ser encargados de estos comedores, como hasta ahora; es algo que sólo podrán ejercer los profesores".

La presidenta de la Confederación Gonzalo Anaya, Gemma Piqué, también se pronunció en similares términos. "La orden nos deja sin capacidad de negociar quién y cómo se alimenta a los escolares. Las asociaciones de madres y padres de alumnos no van a poder encargarse del comedor escolar como lo venían haciendo y con ello, no podrán controlar la procedencia de los productos, ni garantizar una buena relación calidad-precio del servicio y tampoco podrán evitar la comida industrial en las escuelas" afirmó.

La nueva orden contempla que sean las direcciones territoriales de Educación las que contraten los comedores escolares a través de un procedimiento de licitación.