Los farmacéuticos valencianos decidieron ayer en Asamblea Extraordinaria realizar un cierre el próximo 29 de junio, acompañado de una concentración, en protesta por los decretos promulgados por el Gobierno que aseguran que "amenazan" la "viabilidad" de las oficinas de farmacia así como "miles de empleos", que cifran en 2.000.

Según informó el Colegio Oficial de Farmacéuticos (MICOF) en un comunicado, el cierre en la provincia de Valencia coincide con el aprobado por los establecimientos de Alicante la semana pasada, mientras que los de Castellón lo decidirán esta misma noche en asamblea. En este sentido, la institución advirtió de que en esa jornada "todas las farmacias de la Comunitat Valenciana se movilizarán en señal de protesta".

En la Asamblea, que quedó abierta para el seguimiento de las medidas y el estudio permanente de los efectos de la crisis en las oficinas de farmacia, se creó la comisión 'Por la salud y los ciudadanos', en la que estarán integradas las asociaciones de pensionistas, de pacientes, consumidores y usuarios, Universidad, Unión Sanitaria y "cualquier otro colectivo que pueda aportar soluciones para la crisis en general y de la farmacia en particular".

Los farmacéuticos valencianos denunciaron que los decretos "ponen en grave riesgo de desaparición a centenares de farmacias y la destrucción de 2.000 empleos en la Comunitat Valenciana". Según la entidad colegial, el último Decreto 8/2000 obliga a las oficinas de farmacia a realizar un descuento obligatorio del 7,5% al Sistema Nacional de Salud en la facturación de los medicamentos, un hehco que se suma "a la aportación de una parte importante de sus ingresos, que están obligadas a realizar desde el año 2000, también por decreto".

Por otra parte, subrayaron que las oficinas de farmacia se ven afectadas "periódicamente por todo tipo de medidas de racionalización del gasto, como los precios de referencia, el recorte de los precios de los medicamentos genéricos realizada en el anterior decreto o los descuentos en productos sanitarios, además de afrontar la continua exigencia de modernización de sus instalaciones".

"Aunque los efectos de esta medida los van a sufrir todas las farmacias, será especialmente grave en las pequeñas, ubicadas en la periferia de las ciudades o en poblaciones rurales, lo que dejará desprotegidos a los ciudadanos con mayor dependencia que habrán de hacer largos desplazamientos para conseguir su medicación", apuntó la entidad.

Esta medida, que se aplicará también a los laboratorios y a la distribución, "supondrá una aportación total de 1.300 millones de euros anuales, a los que hay que sumar los 1.500 millones del anterior Real Decreto-ley aprobado hace dos meses". "Es decir, que el 20% del coste económico de todas las medidas contra la crisis recaerá sobre el sector farmacéutico", algo que los titulares de las oficinas consideran que es "injusto, desproporcionado y discriminatorio", indicó el MICOF.

Los farmacéuticos protestan además porque 15 días después de entrar en vigor el decreto, "todavía se desconoce cómo debe aplicarse", lo que subrayaron que les deja en un estado "de total indefensión".