Más de seis meses de negociaciones han sido necesarios para que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) haya dado el visto bueno al plan de reequilibrio diseñado por el Ejecutivo que preside Francisco Camps para sanear las finanzas públicas y enjugar el déficit de 2008, cifrado por la Sindicatura de Comptes en 500 millones de euros. El órgano económico, que preside la vicepresidenta de Economía, Elena Salgado, y en el que están representadas todas las autonomías, aprobó ayer el programa de reequilibrio de las cuentas de la Generalitat.

El documento, cuyo contenido no ha trascendido, contempla una serie de medidas para hacer frente al déficit excesivo en que incurrió el Consell en 2008 y que obligó a la Comunitat Valenciana, al igual que a otras muchas autonomías, a disciplinarse en el gasto y dar la vuelta a los números rojos en el plazo de tres años. Sin embargo, al Consell le ha costado convencer al Gobierno central de que sus recetas eran las adecuadas. De hecho, los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda han obligado al Consell a retocar el primer documento que la Conselleria de Economía y Hacienda envió a Madrid antes de finalizar 2010. La hoja de ruta no convenció al ministerio, por lo que el programa de saneamiento de la Comunitat Valenciana quedó, junto con el de cuatro autonomías más, encima de la mesa en la última reunión del CPFF celebradas el pasado mes de junio. Ayer, sin embargo, sí pasó el filtro. En medio de un intenso debate sobre las propuestas del Gobierno central para rebajar el déficit de las autonomías, el CPFF aprobó finalmente el plan de reequilibrio para la Comunitat.

Las medidas contenidas en este documento y que el conseller Gerardo Camps se ha comprometido a explicar en las Corts se suman a otras ya adoptadas por el Ejecutivo valenciano y que sirvieron al titular de Hacienda para afirmar que el Consell concurría a la reunión con los deberes hechos. Una de las bazas que exhibe el Consell es el plan de austeridad que acompañó a los presupuestos de la Generalitat de 2010 y cuyo objetivo era ahorrar 308 millones de euros con recortes en el gasto corriente, personal e inversiones y con el adelgazamiento del sector público. El plan de austeridad se incorporó al plan de saneamiento enviado a Madrid. El aval logrado ayer del CGPJ valió al departamento de Gerardo Camps para sacar pecho por este plan de ahorro y echar en cara al PSPV que lo haya descalificado y tildado de ficticio. "Se nos está reconociendo que estamos haciendo las cosas bien, algo que ellos también deberían hacer", aseguró Camps.

Otra medidas de ajuste tomadas ya por la Generalitat y que el conseller recordó son el el "tijeretazo" de hasta el 30% aplicado a los capítulos de inversiones y transferencias corrientes en los presupuestos de la Generalitat el pasado mes de marzo. Se trata de un ajuste que el Gobierno de Camps ha convertido en un clásico de su gestión en pasados ejercicios, pero que el Ejecutivo siempre ha tratado de minimizar. Este año, sin embargo, tras desvelarlo este diario, lo usó com ejemplo de austeridad. Incluso le puso cifras: 500 millones de euros. Junto al recorte en el capítulo de personal, al que el Consell venía obligado por el decreto del Gobierno central, el Gobierno valenciano ha hecho otros gestos, como la rebaja de los sueldos de altos cargos o el cambio de los coches oficiales de los consellers a modelos más económicos.

Además, ha deslizado una reestructuración en el organigrama que se concretará en la eliminación de algunos altos cargos.

Camps denuncia la "paradoja" de que el esfuerzo recaiga en las comunidades

El conseller de Economía y Hacienda , Gerardo Camps, indicó que le resulta una "paradoja" que a las comunidades se les pida "todo el esfuerzo" para acelerar la reducción del déficit entre 2010 y 2011, y que en el año 2012 se exija el mismo nivel que en el año anterior. Así lo manifestó tras asistir al CPFF. El vicepresidente de Economía indicó que para el ejercicio 2013 se pasará al 1,1 por ciento, para cumplir con el calendario establecido por el Programa de Estabilidad y Crecimiento, que establece un objetivo de déficit máximo del 3 por ciento, para el conjunto de las comunidades. Y resaltó que se manifestó "en tono positivo" en la reunión, con respecto al objetivo de aceleración en la reducción del déficit, aunque supone "un mayor esfuerzo a las comunidades autónomas, y que tiene como base una imprevisión por parte del Gobierno". Con todo, indicó que la Comunitat ha votado a favor de estas propuestas, porque las comunidades autónomas no pueden quedarse "al margen" de las decisiones que se toman, y sobre todo en "una situación motivada por una crisis, y por la falta de previsión y los desaciertos del Gobierno". De la reducción adicional del gasto de 1.000 millones de euros, 100 millones recaerán en la Comunitat.