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El Consell alerta de un ´crack´ para municipios y bancos de no haber frenado la ´desclasificación masiva´ de suelo

Bronca entre PP y PSPV en la convalidación del decreto ley urbanístico, con acusaciones sobre Gürtel y "enchufismo"

 

J. G. G. VALENCIA
El Consell reiteró ayer en las Corts los argumentos para justificar el decreto ley de agilización de trámites urbanísticos aprobado el 27 de mayo, como el impulso a la instalación de actividades productivas y el negocio de la construcción para generar empleo, pero el titular de Medio Ambiente deslizó un argumento que heló la sesión. Juan Cotino advirtió de "las graves consecuencias para ayuntamientos, propietarios y entidades financieras" que habría supuesto la "desclasificación masiva" y "automática" de suelo urbanizable ligado a los PAI en los que el agente urbanizador, debido a la situación del sector y la dificultad en hallar financiación, incumpla los plazos de ejecución previstos. Si esos terrenos, que sustentan miles de millones en créditos, vuelven a su condición de rústicos, la burbuja explota. Cotino sostuvo que el decreto evita esta situación al dejar en suspenso la legislación urbanística que impone la caducidad de los PAI si no se cumplen los plazos.
El vicepresidente tercero defendió la medida "ante la previsión de un número muy alto de incumplimientos de plazos de ejecución". La suspensión de la Ley Urbanística Valenciana en este aspecto se mantendrá hasta 2012, y el Consell podrá prorrogarla. Los ayuntamientos valorarán si conviene la desclasificación o el mantenimiento como urbanizables. La duda que quedó en el aire es si el fallo de la UE sobre el urbanismo valenciano, que se conocerá a principios de 2011, podría afectar a esta situación. El conseller presentó ante el pleno el decreto ley, que fue convalidado con los únicos votos del PP y el rechazo de la oposición. No obstante, pidió que se tramite como proyecto de ley para intentar llegar a un acuerdo con la oposición.
El socialista Adolf Sanmartín negó la mayor y acusó al Ejecutivo de intentar "venderles una 'burra' con reformitas de la LUV para colarles un gol", la modificación de la naturaleza de la empresa pública de la Generalitat Vaersa, con el fin de que "absorba la casi totalidad de las funciones" de la propia Conselleria de Medio Ambiente. No en balde, dijo, Vaersa tiene ya 1.800 empleados "contratados" por el PP a su antojo, frente a 1.000 de la conselleria. La finalidad última, dijo, es contar con una empresa, que en 2008 dio el 88% de sus contratos por procedimiento negociado sin publicidad, "al servicio de Cotino para ejercer el nepotismo y el trato de favor". El popular José Marí preguntó después qué proceso de selección siguieron "la cónyuge de un diputado" y un "ex diputado" para trabajar en una sociedad estatal. A partir de ahí la bronca estaba servida.
Sanmartín sacó entonces el caso Gürtel. Tras indicarle que también se podría hablar sobre "cómo asesoraba usted a través del bufete de Michavila a concesionarias de la Generalitat", aludió al contrato de Vaersa en 2004, cuando estaba presidida por el conseller y portavoz del PP, Rafael Blasco, a Orange Market, del que cobró la mitad del trabajo de 140.000 euros sin hacer nada. La alusión provocó la intervención de Blasco, que tachó de "mentira" las afirmaciones, ante lo que el portavoz socialista, Ángel Luna, desde su escaño le espetó que Blasco era quien presidía Vaersa.

Las Corts, sin requisito lingüístico
El pleno, con los votos del PP y PSPV y en contra de Compromís y EU, convalidó el decreto ley que rebaja la masa salarial para los funcionarios en un 5%, y el sueldo de los altos cargos del Consell hasta un 15%. Previamente, la Cámara aprobó, con la abstención de Compromís, la mini-ley de Función Pública de las Corts que supone el Estatuto del Personal del Parlamento. PP y PSPV avalaron un texto antes del próximo debate de la función pública de la Generalitat que recoge más ventajas sociales pero no incorpora el requisito lingüístico.

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