Las diputaciones se resisten a extinguirse

 

El futuro de los entes provinciales. La crisis ha obligado a las diputaciones valencianas a ajustar sus gastos, pero sus responsables huyen de una revisión en profundidad sobre la estructura y el funcionamiento de unos organismos que engullen buena parte de sus recursos en personal y gasto corriente.

JULIA RUIZ VALENCIA "La pregunta que uno puede hacer es: ¿tiene sentido en una administración tan descentralizada que sigan existiendo las diputaciones provinciales". La reflexión lanzada hace unos días por el ministro de Fomento, José Blanco, en torno a una posible supresión de estos entes decimonónicos no ha sido seguida con entusiasmo en la Comunitat Valenciana. Los responsables de las corporaciones provinciales, controladas por el PP hace años, han dejado a un lado sus desavenencias internas para unirse en la defensa a ultranza de una administración que a todos ellos les ha permito reforzar su poder territorial, mientras que los portavoces socialistas se muestran abiertos al debate, aunque se resisten a la extinción.
Con todo, las palabras de Blanco han encendido una vez más el viejo debate sobre el futuro de unas entidades que manejan presupuestos millonarios, tienen en plantilla a miles de trabajadores, pagan la nómina a más de 150 asesores, dan cobijo a casi un centenar de cargos públicos y se encuentran endeudadas hasta las cejas. Aunque todos sus responsables asumen que les ha llegado la hora de apretarse el cinturón, salvo los obligados reajustes en el gasto como consecuencia de la caída de los ingresos, las corporaciones se han limitado a secundar iniciativas como la bajada de las retribuciones, pero han esquivado un debate en profundidad sobre un hipotética reestructuración que haga más ágil la maquinaria y corrija su tendencia a convertirse en un instrumento al servicio de intereses partidistas.
Como el resto de administraciones, la crisis las ha obligado a diseñar unos presupuestos a la baja, con recortes, en algunos casos drásticos, en las partidas de inversiones. Sin embargo, las cifras de lo que cuesta cada año abrir la persiana -el gasto corriente y personal- son ineludibles. Ante tal situación, la pregunta sigue en el aire: ¿Tiene sentido mantener un aparato con apenas margen para cumplir su razón de ser: el apoyo a los ayuntamientos ¿Son eficaces o meros intermediarios que encarecen la prestación del servicio

Críticas y pragmatismo
Las respuestas de los actores políticos que se mueven en este escenario varían. El portavoz socialista en Castelló, Francesc Colomer, el más crítico de todos, se muestra tajante cuando sitúa a la institución que preside en funciones Francisco Martínez "en las antípodas de la eficacia". Y da cifras: Por cada euro que llega a un ayuntamiento, la diputación se gasta trece en el aparato. "Es una maquinaria que jibariza los recursos, se los traga en boato y asesores", prosigue Colomer, quien aboga por una revisión en profundidad. Su razón de ser, dice el también alcalde de Benicàssim, es asistir técnicamente a los ayuntamientos sin recursos, "pilotar la solidaridad supramunicipal", resume. También sus homólogos en Alicante y Valencia, Antonio Amorós y Rafael Rubio, respectivamente, coinciden en que la clave es que centren sus esfuerzos en el apoyo a los municipios, sobre todo, a los de menor población, y eviten la duplicidad de competencias. "El problema son los gastos superfluos en programas que no tienen sentido, en competencias que no nos corresponden", apunta Rubio, quien cree que la maquinaria sí puede ser eficaz si se "racionalizan" los recursos. "Lo que no tiene sentido es que gaste 350.000 euros en promocionar un equipo de motociclismo", señala. "Con actuaciones populistas es normal que el ciudadano piense que es mejor bajar la persiana", añade.
Amorós cree también que las diputaciones pueden funcionar de manera más eficaz con menos gasto siempre y cuando esto no suponga un adelgazamiento de los servicios públicos. El socialista alicantino acusa a la Generalitat de haber abandonado a su suerte a la provincia por el enfrentamiento interno del PP y defiende que la Diputación está salvando a los ayuntamientos. Está de acuerdo con una revisión a fondo de sus competencias y su funcionamiento.
Las cosas se ven distintas desde el sillón presidencial. Los presidentes de las diputaciones valencianas cierran filas y acusan a Blanco de ignorancia al deslizar la idea de suprimir entes amparados por la Constitución. Desde Valencia, Alfonso Rus se muestra algo más pragmático al reconocer que la Generalitat podría asumir el personal y las competencias del organismo, pero mantiene que funcionan con "agilidad". "Gastamos lo que tenemos, sin déficit", afirma. Martínez que sustituye a Carlos Fabra al frente de la corporación lo tiene claro: es la institución que mejor funciona. Desde Alicante, Ripoll tampoco ve inutilidad e incide en que el problema real del déficit lo tiene el Estado.

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