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El PP desoye al Comité Económico y distingue a los misioneros del resto de cooperantes

Los populares acusan al PSPV de "seguir la estela" de Pajín en su etapa en Cooperación e intentar dejar excluir de la nueva ley a los religiosos

 

J. G. G. VALENCIA
El grupo popular de las Corts Valencianes, al igual que el Consell, hizo ayer caso omiso a las recomendaciones del Comité Económico y Social de la Comunitat y mantuvo en el proyecto de ley del Estatuto de las Personas Cooperantes Valencianas la consideración especial en favor de los misioneros, especialmente los católicos, sobre el resto de personas solidarias. El PP rechazó las enmiendas de la oposición, que eliminaba el capítulo expreso dedicado a los misioneros.
El proyecto de ley, que ayer se debatió en la comisión de Coordinación, detalla en un extenso capítulo la regulación de la condición de persona cooperante y los beneficios a que da lugar. Sin embargo, después, dedica un capítulo específico para los misioneros. Esa condición la ostentan, según el texto impulsado por la Conselleria de Solidaridad que dirige Rafael Blasco, las personas "que tengan un vínculo institucional con la Iglesia católica o con cualquier otra iglesia, confesión o comunidad religiosa". En el preámbulo, la norma destaca el objetivo de "reconocer la meritoria tarea de cooperación que realizan las personas misioneras vinculadas a la Iglesia Católica o a otras confesiones o comunidades religiosas".
Por su parte, el CES, institución consultiva de la Generalitat, señaló en su informe que "atendiendo a la inexistencia de diferencias en los requisitos y beneficios que la ley establece para los cooperantes valencianos y, por tanto, no existe diferencia entre un cooperante laico y uno religioso", se debería, "en lugar de recoger un capítulo específico para las personas misioneras valencianas", incluirlas en el artículo dos, "Sujetos de la cooperación", haciendo referencia a su vinculación a la Iglesia católica u otras confesiones.

Relación laboral o funcionarial
Los populares acusaron al PSPV "seguir la estela" de Leire Pajín y reclamar -al igual que el real decreto estatal de 2006- que exista una relación sometida al ordenamiento jurídico laboral o funcionarial o de personal al servicio de las Administraciones para ser beneficiario de las medidas.

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