Cerca de mil empleados laborales fijos de la Generalitat se beneficiarán de un proceso de funcionarización, el primero en la Administración autonómica desde 2002, mediante la superación de una prueba o bien un curso de adaptación, gracias a una modificación "in extremis" pactada por el PP y el PSPV del proyecto de ley de la Función Pública. La nueva norma, que regulará las condiciones y régimen económico de los 118.000 trabajadores del Consell, pondrá en el pleno de las Corts del día 29 un sorprendente broche al final de un curso político marcado por la ruptura total de relaciones entre populares y socialistas como consecuencia del caso Gürtel, ya que, con toda probabilidad, contará con el voto favorable de los dos partidos mayoritarios. No así el de Compromís y Esquerra Unida, al no haber aceptado el Consell el requisito lingüístico en el acceso a la función pública. El acuerdo con los sindicatos (salvo Intersindical Valenciana, por el requisito de la lengua) ha allanado el acuerdo.
La sorpresa de cara a la votación final del pleno es la enmienda que negocian estos días PP y PSPV sobre el personal laboral fijo cuyo puesto se vea afectado por la implantación de los nuevos cuerpos, escalas y agrupaciones profesionales que conlleva la ley. Este personal, unos mil laborales fijos, la mayoría del ámbito de los servicios sociales, quedaba "enterrado" en vida con la nueva norma, sin capacidad de progresar profesionalmente ni de mover de puesto. Sus plazas, catalogadas como funcionariales, saldrían a oposición una vez se jubilaran. Con la nueva disposición transitoria, se da cobertura a un proceso de funcionarización merced el cual este personal podrá adquirir la condición de funcionario permaneciendo en su mismo puesto y si cumple los requisitos.
El PP rechazó su enmienda
El grupo popular presentó una enmienda en la que planteaba que la vía para lograr la plaza como funcionario era "la superación de los correspondientes cursos de carácter selectivo, cuya calificación se efectuará mediante un proceso de evaluación continuada y pruebas finales". Sin embargo, las dudas de inconstitucionalidad de esta redacción, que sólo exige un curso, han llevado a los populares a rectificar y negociar con la oposición una salida de cara al pleno. Para ello el PP tuvo que votar en contra de su propia enmienda.
Tanto el PSPV como Compromís presentaron sendas propuestas, de inspiración sindical, por las que se exigirá "la superación de las pruebas específicas o los cursos de adaptación, si procede, que se convoquen". La ambigua fórmula, que deja margen de libertad para lo que finalmente se exija a los laborales fijos afectados, salva los problemas legales. Desde el PP y el PSPV se aseguró que el acuerdo pasa por esta redacción abierta. Ya sea cursillo o prueba, la oposición pide que, en caso de no superarla, el laboral fijo conserve su puesto.
Desde los sindicatos se subrayaba ayer que se trata de laborales que obtuvieron su plaza por oposición y no de interinos, y que no era justo que, por un "error" que atribuyeron a la Administración, la convocatoria en su día de sus plazas como laborales y no funcionariales, ahora se vean sin posibilidad de progresión, pese a tener todavía muchos años por delante. En la Generalitat ha habido al menos siete procesos de funcionarización, si bien el último fue en 2002.
Un escollo de cara al pleno son los puestos de libre designación. El PP baja un escalón, de Jefes de Área a Jefes de Servicio, el nombramiento por este sistema y el PSPV intenta introducir algún mecanismo objetivo similar al concurso para reducir la discrecionalidad. Asunción Quinzá, del PP, puso el probable pacto con el PSPV como muestra del carácter dialogante del Consell. Para el socialista Joan Ignasi Pla, es la prueba de que el principal partido de la oposición busca el consenso cuando el PP no lo excluye, como ocurrió con las cajas de ahorro.
Por otro lado, el sindicato CSI·F presentó ayer un recurso contencioso- administrativo especial contra el decreto que desarrolla el recorte salarial a los empleados públicos de la Comunitat, al igual que hace días hizo FSP-UGT. El CSI ofrece a los funcionarios sus servicios jurídicos para que recurran individualmente el recorte.
La norma exige acreditar el valenciano pero no incluye el requisito lingüístico
La nueva Ley de la Función Pública no incluirá tampoco el requisito del conocimiento del valenciano para el acceso a una plaza. El PP no ha transigido de ninguna manera con esta reivindicación de la oposición. Con todo, el texto conlleva algún avance. Así, plantea como una obligación la acreditación del conocimiento del valenciano una vez obtenida la plaza, ya sea mediante la presentación de los certificados, diplomas o títulos homologados por la Generalitat o mediante la realización de un ejercicio específico. El personal que no pueda acreditar este dominio "deberá realizar los cursos de perfeccionamiento" que organice la Generalitat". Una enmienda del PSPV daba un paso más al señalar que en el proceso de selección los aspirantes deben acreditar el conocimiento del valenciano, tanto oral como escrito, aunque "respetando plenamente el principio de proporcionalidad que, en cualquier caso, deberá estar relacionado con las plazas o las funciones de que se trate".
