La Conselleria de Infraestructuras ha aconsejado en las últimas semanas a las empresas de obra pública y constructoras de la Comunitat Valenciana una política de fusiones, para reducir el elevado número de mercantiles que se han creado en los últimos años, o que busquen oportunidades de negocio en el extranjero, según han confirmado a Levante-EMV fuentes del sector. La razón que lleva al titular de Infraestructuras, Mario Flores, a recomendar esta diáspora empresarial, no de cara a la galería sino de puertas adentro, no es otra que la caída consolidada de la licitación de obra pública en los últimos dos años -un 57,50% según la estimaciones de la patronal de la construcción, Seopan- y que va a continuar en los próximos presupuestos.
El conseller también admite, en privado, que durante el ejercicio de 2010 y en las cuentas de 2011 no habrá grandes alegrías. La Conselleria de Infraestructuras no licitará ni éste ni el próximo año nuevas obras de gran calado, sino que se va a centrar en finalizar las obras en marcha y licitar las actuaciones del Plan Confianza que, en lo que corresponde a su departamento, podrá adjudicar obras por valor de unos 300 millones de euros en toda la Comunitat Valenciana.
La papeleta a la que tiene que hacer frente el conseller Mario Flores es de órdago. No sólo tiene que comunicar a los empresarios que su departamento, que siempre ha sido una locomotora inversora, reduce la marcha, sino que tiene que calmar los ánimos -a veces bastante enervados- de los contratistas de obra pública a quien la Generalitat adeuda cuantiosas certificaciones de obra. De hecho, en uno de los últimos encuentros celebrado con empresarios del sector les agradeció la "paciencia" por soportar los continuos retrasos en los pagos. La deuda de la Generalitat con las empresas de obra pública ascendía a 1.000 millones de euros en mayo, según denunció el diputado del PSPV, Francesc Signes, que acusó al Consell de poner en peligro la continuidad de las empresas contratistas y los miles de puestos de trabajo que suponen.
El conseller de Economía, Gerardo Camps, se comprometió el pasado mes de febrero con la Federación Valenciana de Contratistas de Obra Pública (Fecoval) a poner en marcha un Plan de Agilización de Pagos con las empresas de obra pública antes de abril, pero en mayo ni siquiera se había pagado el 10% de lo que se debía a las mercantiles, según denunció el parlamentario socialista.
Pero además, para más inri, Flores se ve obligado a buscar entre las grandes empresas constructoras a socios privados que aporten financiación para construir carreteras o gestionar líneas de metro pero, hasta ahora, cada vez que ha sacado a información pública los pliegos de condiciones o los estudios de viabilidad económica sólo ha recabado una mal disimulada indiferencia. Las empresas cuentan con los antecedentes de la autovía CV-35, una concesión inaugurada por peaje en sombra en julio de 2008, en la que sucedieron los problemas. Además de algunos retrasos en el pago del canon (13,9 millones de euros anuales, ya que se abona una cantidad por cada vehículo que usa la autovía) se une la accidentada gestación de la primera carretera que se construía por concesión ya que los proyectos de obra se modificaban continuamente -a petición de los ayuntamientos o de la misma conselleria- lo que incrementaba el presupuesto de obra, además de otros imprevistos que tuvo que afrontar la concesionaria, Itínere Infraestructuras (del grupo Sacyr-Vallehermoso), como las expropiaciones.
Problemas financieros y judiciales
Las otras dos autovías adjudicadas por el mismo sistema (el primer tramo de la CV-50 y la CV-95) no han arrancado aún. Los primeros 22 kilómetros de la CV-50, la variante norte de Benaguasil-A-3, se adjudicaron en noviembre de 2007 a Dragados y Sedesa por 161 millones, aunque el coste real de construir y mantener la autovía durante 35 años asciende a 435,2 millones, como adelantó Levante-EMV.
Las empresas no han iniciado las obras por "falta de financiación", según ha reconocido el conseller Mario Flores en una respuesta parlamentaria. En la CV-95 se repetían estas mismas dificultades financieras pero, además, se ha añadido un varapalo judicial: el TSJ anuló en julio de 2009 el proyecto de construcción de la autovía porque se aprobó ocho meses antes de contar con la declaración de impacto ambiental. Las autopistas con peaje en Valencia y Alicante tampoco encontraron novios inversores, aunque la conselleria sigue adelante con los proyectos. También quiere sacar a concurso a final de año la gestión de la Línea 2 de Metrovalencia, que no ha interesado a ninguna constructora por la razón obvia de que ya está construida.
