El Defensor del Pueblo considera "deseable" disponer de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que "actualice, confirme o revise" la jurisprudencia en materia de cooficialidad lingüística. Así lo asegura en su último informe, correspondiente al año 2009, en el que asegura que el número de quejas presentadas ante esta institución en materia de lingüística se ha reducido, como consecuencia de diversas causas. Entre ellas cita una menor actividad normativa en este ámbito por parte de las comunidades con lengua propia, la asimilación del nuevo escenario de cooficialidad o la adquisición de hábitos y prácticas acordes con el sistema previsto en la Constitución y en las leyes.

No obstante, recomienda al alto tribunal que se pronuncie en esta materia al hilo de los resultados prácticos de la implantación de los diversos modelos que se han venido llevando a cabo en las distintas comunidades autónomas. El Defensor del Pueblo sostiene que es necesario precisar con mayor claridad los derechos y deberes de los ciudadanos en materia lingüística, así como las obligaciones y los límites que correspondan a las autoridades y poderes públicos en el ámbito de la cooficialidad. Sobre las quejas que se formularon en 2009, se refieren al uso de las lenguas cooficiales, junto con el castellano, en determinadas autonomías.