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La defensa de Camps no descarta citar a Crespo y al abogado por los trajes

El objetivo es rescatar como prueba las conversaciones favorables al presidente declaradas nulas

 

JULIA RUIZ VALENCIA
La defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa de los trajes no descarta citar al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, para que ratifique ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el contenido de las conversaciones que mantuvo en la prisión de Soto Real con un abogado en las que aseguró que el jefe del Consell se pagó las prendas encargadas a Milano y Forever Young. Esta opción se baraja para rescatar como medio de prueba unas grabaciones que favorecen al presidente Camps, pero que se obtuvieron de manera ilegal.
Las conversaciones del número dos de la trama con el abogado Ignacio Peláez, consideradas por el Consell claramente exculpatorias, no fueron incorporadas a la causa separada sobre Gürtel que instruyó el magistrado José Flors y que el TSJ-CV acabó dando carpetazo en agosto de 2009. Al reactivarse el pasado 12 de mayo por orden del Tribunal Supremo el proceso contra Camps y tres imputados más por un presunto delito de cohecho impropio el jefe del Consell anunció su intención de utilizar estas transcripciones como pruebas exculpatorias. Sin embargo, existen serias dudas de que Flors acepte como medio de prueba la transcripción de unas conversaciones fruto de unas escuchas que fueron declaradas nulas el pasado mes de marzo por el Tribunal Supremo. Además, una reciente sentencia del alto tribunal arroja todavía más interrogantes sobre la validez de estas transcripciones, ya que concluye con carácter general que la interceptación de las comunicaciones entre abogado y cliente es ilegítima y las pruebas obtenidas "radicalmente nulas".
Sin embargo, fuentes jurídicas conocedoras de los entresijos de este proceso mantienen que el escollo de la nulidad de las escuchas puede salvarse de varias maneras, entre ellas, llamando a declarar a los protagonistas de las conversación; en este caso Pablo Crespo y Peláez o bien remitiendo al juez una declaración de los protagonistas ratificando el contenido de las escuchas. También se estudia pedir algún tipo de prueba pericial. De hecho, desde el entorno de Camps no se descarta ninguna vía, ya que estiman que la declaración de Crespo refuerza la versión del presidente de que se pagó los trajes de su bolsillo, por lo de una manera u otra, aseguran, deben ser tenidas en cuenta. La decisión de llamar a Crespo podría incluso partir del propio juez instructor.
Ya en su día en las quejas que remitió la Generalitat al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía por la supuesta ocultación de estas conversaciones -trascendieron en octubre de 2009 cuando el juez Pedreira levantó parte del secreto del sumario y cuando la causa de los trajes se había archivado provisionalmente- se insistía en que el presidente vio vulnerado su derecho de defensa.
Las fuentes jurídicas consultadas hacen hincapié en que Crespo y Pelaez, abogado de José Luis Ulibarri, otro de los imputados en la causa, desconocían que estaban siendo grabados cuando se refirieron al asunto de los trajes y estiman que aunque el juez estimara que esta conversación no es una prueba contundente de la inocencia del presidente, al menos si contribuiría a crear la duda razonable sobre si la trama le regaló los trajes.

Sin noticias de la Fiscalía
Por otro lado, la Generalitat ha enviado un nuevo escrito a la Fiscalía para que se pronuncie sobre las quejas contra Garzón presentadas en su día por la decisión de retirar del procedimiento las grabaciones en la cárcel, incluidas las favorables a Camps. El CGPJ se pronunció en su momento (su decisión está recurrida ante el Supremo), pero en siete meses la Fiscalía sólo ha remitido un acuse de recibo.

Milagrosa Martínez dice que colaborará con el juez si la
llaman a declarar

La presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez,aseguró ayer que no tiene ningún conocimiento de que se vaya a pedir que testifique por el 'caso Gürtel', aunque recalcó que si un juez reclama su comparecencia "colaborará con la Justicia como cualquier ciudadano" porque "es un deber y una obligación". De esta manera, se refirió al informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales en el que se pide su testimonio por este caso debido a sus actuaciones en su etapa como consellera de Turismo. Martínez defendió la legalidad de sus actuaciones. Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, señaló que no le "extraña" que la Policía pida que testifique en el caso Gürtel Martínez, para que aclare las contrataciones que realizó cuando estaba al frente de la Consejería de Turismo. Además, no descartó que acabe siendo citada como imputada porque, recalcó, es "evidente" que "ha habido actuaciones que rozan la prevaricación". Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, mostró su convencimiento de que más allá de la obligación de colaborar con la Justicia en el "caso Gürtel" "no hay ningún responsable político que haya cometido algo ni remotamente reprobable", por lo que afirmó que cuando finalice este "opaco" proceso "acabará en nada", salvo, precisó, "la espuma mediática".

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