El número de liberados sindicales en el sector educativo para el curso próximo en la Comunitat Valenciana ha sido reducido por la Conselleria de Educación un 28,7 por ciento, al pasar de 250 a 196. La comunicación de la dirección general de Personal, vía fax a las 13,00 horas de ayer viernes, de la supresión de estos 54 delegados ha caído como una losa entre las seis organizaciones de representación del profesorado perjudicadas, de las que algunas anuncian ya recursos, mientras que desde el departamento autonómico aseguraban que la medida supondrá un ahorro anual de 2,6 millones de euros -una media salarial de 48.500 euros por persona-.

El recorte se produce en el sector de la educación pública, donde hasta esta fecha había 188 delegados -por lo que no se reduce en la privada concertada, con 62 liberados- y afecta según la proporción en la representación surgida de las elecciones sindicales. La conselleria calcula que el STE-PV, que es la organización mayoritaria, pasará de 62 a 49 liberados, con lo que pierde 13; CC OO, se queda con 31 de los 40 (9 menos); ANPE, de 27 a 17 (10); FETE-UGT, de 25 a 16 (6); CSIF, de 24 a 16 (8) mientras que USO es el más perjudicado ya que de 19 se queda con sólo.

"Este procedimiento se lleva a cabo en el marco de la situación actual que recomienda adoptar diversas medidas que permitan optimizar recursos, tanto de tipo económico como de personal. La iniciativa se ajusta a lo establecido por el Estatuto básico del empleado público, la ley orgánica de libertad sindical y el acuerdo de 1991 de la Generalitat para promover la acción sindical" afirmó Educación en un comunicado. Para el departamento, la supresión supone "una regularización del número de permanentes sindicales ajustándose a la legalidad y a la realidad del sistema educativo" en donde hay 130 inspectores educativos, la mitad que liberados, subrayaron.

Precisamente, en el STE-PV su responsable, VicentMauri, recordó ayer que "la decisión de la conselleria no es legal porque existen unos acuerdos firmados por ambas partes que dicen cuántos liberados deben haber en función de unos criterios que mejoran la legislación básica y que no se pueden suspender por un decreto ley. Además, nos lo deberían haber comunicado dos meses antes del año natural y no siete meses después. La Constitución nos da un papel y unos derechos que (el conseller de Educación) Alejandro Font de Mora no quiere reconocer lo que va a ser motivo de conflicto".

Para el sindicato ANPE, la decisión sería "injusta", a falta de más información, y en FETE-UGT afirmaron que "primero vinieron los castigos y recortes a la comunidad educativa que realizó la huelga del 28 de abril de 2008, contra la política educativa del Consell (EpC en inglés, barracones, chino mandarínÉ). Luego siguieron los recortes con la desnaturalización del Consell Escolar Valencià y la representación que en él teníamos, entre otros, los representantes del profesorado. Y ahora, tras los recortes salariales y en medidas de protección social, esta nueva agresión y linchamiento a las organizaciones sindicales. Este recorte, supone un nuevo castigo que la conselleria infringe a todos aquellos que somos críticos con su política educativa".

La Federación de Enseñanza de CC OO anunció que denunciará a Font de Mora, por "no negociar los criterios de representación sindical y por no respetar los derechos de los trabajadores. Han adoptado una medida unilateral, que es una vendetta, al reducir la permanentes sindicales que están trabajando defendiendo los derechos de los trabajadores de la enseñanza".

Educación inició ayer el trámite de audiencia para que en el plazo de diez días naturales, las organizaciones sindicales puedan formular alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones consideren oportunos.

Estas medidas se adoptan, coincidiendo con la crisis económica y un curso después de las movilizaciones de diferentes sectores de la escuela pública en contra de la política educativa del conseller Alejandro Font de Mora.

Escola acusa a la conselleria de una persecución política

El presidente de Escola Valenciana, Diego Gómez, acusó ayer a la Conselleria de Educación de lanzar "una campaña de persecución política" contra la entidad y contra él

por ser "la cabeza visible de este movimiento cívico, de defensa de la democracia participativa y del valenciano".

Gómez, director del colegio Víctor Oroval de Carcaixent y uno de los representantes de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, afirmó que desde la conselleria o desde la inspección no ha recibido "ningún comunicado de que se le haya abierto expediente disciplinario", aunque indicó que le habían descontado dos horas de su nómina por acudir a entregar un escrito por registro de entrada en Educación.

"El día 17 de junio pedí permiso a la dirección de la escuela para asuntos propios y me lo dieron. Estuve a la puerta de la conselleria para presentar el último informe de falta de plazas de enseñanza en valenciano en las escuelas para el curso 2010-2011 y fui yo mismo quien lo presentó por registro. Yo no me escondí de nada ni de nadie, di la cara y pedí el permiso correspondiente", aseguró Gómez.

También el gerente de Escola Valenciana, Àngel Martí, cree que Educación "ha comenzado una campaña de represión política al presidente de esta entidad de carácter cívico. Y ya basta de represiones, amenazas y represalias por ejercer como ciudadanos valencianos"

Por su parte, la Associació Valenciana de Directors d'Infantil i Primària mostró ayer su "consternación" por la resolución del expediente disciplinario al ex director del colegio de Enguera y mostró su apoyo al afectado. Levante-emv valencia