El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), ha salido sobre las 20.00 horas en libertad tras prestar declaración en la Comisaría Provincial, según han informado sus abogados. No obstante, los letrados no han precisado si su puesta en libertad es "con o sin cargos" porque, según han alegado, la investigación se halla bajo secreto de sumario. En cambio, la diputación provincial afirma en una nota pública que Ripoll ha salido en libertad "sin cargos" y sin que se hayan adoptado "medidas cautelares" contra él.

En este sentido, fuentes policiales indicaron a Efe y Europa Press que se mantienen los cargos contra todos los arrestados, entre ellos el presidente de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, tres concejales y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, que deberán comparecer en los próximos días ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, encargado del caso. A los arrestados, se les imputan, según los casos, los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento y la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones. Ripoll sigue sujeto a la causa y tendrá que prestar declaración como imputado ante el juez en los próximos días. Así lo han informado a Efe fuentes policiales, que han señalado que sobre Ripoll sigue pesando la imputación de varios delitos por parte de la Fiscalía Anticorrupción y que será el juez que dirige la operación, el titular de Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela (Alicante), quien decida si le impone o no alguna medida cautelar tras tomarle declaración

DETENIDO ESTA MAÑANA

La Policía ha detenido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del Partido Popular, según informaron fuentes cercanas a la investigación, y a tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela (Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez) en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y relacionada con un Plan de Residuos Zonal.

La Fiscalía Anticorrupción dirige esta investigación, en colaboración con el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008.

Esta decisión se produjo por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.

La policía ha concluido sobre las 15.10 horas el registro realizado en la Diputación de Alicante, en presencia del presidente de la corporación provincial, José Joaquín Ripoll, quien han salido de la institución custodiado por los agentes, en calidad de detenido, en dirección a la Comisaría.

Ripoll ha salido en un todoterreno de la Policía Judicial en el asiento de atrás, acompañado por varios agentes desde un garaje situado en un edificio colindante a la Diputación de Alicante, según ha podido comprobar EFE.

El todoterreno en el que estaba Ripoll iba acompañado de otro vehículo de los agentes y su salida de la Diputación de Alicante se ha llevado a cabo muy deprisa con la presencia de media docena de policías.

El también presidente del PP en la provincia de Alicante había sido detenido previamente en su domicilio, ubicado en el barrio de Vistahermosa, donde los agentes han realizado también un registro en el interior de la vivienda.

Posteriormente, sobre las 12.30 horas, Ripoll ha sido trasladado por los agentes hasta la Diputación de Alicante, donde desde las ocho y media de la mañana se encontraban dotaciones policiales, principalmente en la primera planta del Palacio Provincial.

El registro realizado en la Diputación ha comenzado cuando Ripoll ha sido conducido hasta esta institución y sólo se ha llevado a cabo en el despacho de presidencia y en el de su secretaría, han informado a Efe fuentes próximas al caso.

Según estas mismas fuentes, Ripoll ha estado acompañado por el letrado penalista Bernardo del Rosal, ex Síndic de Greuges.

El despliegue policial en el exterior del Palacio Provincial ha sido seguido por numerosos medios de comunicación y ciudadanos.

Detenciones en Orihuela

Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial de la Comisaría Central y de la Comisaría Provincial han entrado también esta mañana en el Ayuntamiento de Orihuela acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía, y han procedido a precintar diversas dependencias municipales.

Vehículos y agentes policiales permanecen en el exterior tanto del edificio consistorial, dirigido por la popular Mónica Lorente, como del Palacio de la Diputación, ubicado en el centro de la capital alicantina.

Los agentes han detenido, además, al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias municipales.

La Policía ha ordenado a los funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por la popular Mónica Lorente, abandonar sus puestos de trabajo mientras se efectúa el registro, centrado fundamentalmente, al parecer, en las áreas de Intervención y Contratación Municipal.

Además, la policía judicial se ha personado en las instalaciones de la empresa INUSA (Ingeniería Urbana, S.A.) para registrar "exclusivamente" uno de los despachos correspondiente a un empleado "con responsabilidades", han informado fuentes próximas a esta mercantil.

La empresa, formada por Cespa, FCC y el Grupo Cívica -esta última liderada por el empresario Enrique Ortiz-, sostiene que "desconoce el motivo por el que se ha efectuado esta actuación policial. El constructor y máximo accionista del Hércules se encontraba en Pamplona con motivo de los sanfermines y viaja a Alicante para ponerse a disposición de la policía. Ortiz aparece en el sumario del 'caso Gürtel' vinculado a la presunta financiación irregular del PP valenciano.

Todo apunta a que la operación está relacionada con el llamado caso Brugal, que investiga supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja.

La agenda de la Diputación se ha visto, lógicamente, trastocada por los registros policiales. Así, la recepción a la delegación de la Diputación de la provincia italiana de Taranto en un primer momento se había decidido trasladar a la sede del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, pero una nota posterior ha informado de que quedaba anulada.