«Briones, olé tus cojones». Aunque poco trabajada, la proclama de apoyo al fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ilustraba el hartazgo del millar largo de vecinos de la pedanía oriolana de Torremendo y otros municipios de la Vega Baja, que salieron a la calle contra el vertedero ilegal y la previsión de regularizarlo incluyéndolo en el Plan Zonal XVII de Residuos de la Vega Baja, dependiente de la Diputación de Alicante. Corría el mes de mayo de 2007 y a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, la titular del juzgado número tres de Orihuela, Nuria Soler, desató la operación Brugal.
La investigación de este caso se cobró ayer la detención, entre otros, del empresario Ángel Fenoll, además del registro de su vivienda en la pedanía oriolana de La Aparecida. La UDEF de la policía judicial puso patas arriba empresas de Fenoll, entre ellas las de las basuras, así como varios locales comerciales. Ayer también fueron detenidos Javier Bru, gerente de la firma de Fenoll Proambiente,y Manuel Abadía, concejal oriolano de Servicios e Infraestructuras.
Detenciones en víspera electoral
El fiscal Briones consideró en 2007 que Fenoll era la punta de lanza de una trama de corrupción que pivotaba sobre las montañas de basura gestionadas por Fenoll en Torremendo y La Murada. El empresario, su hijo Antonio Ángel, y el citado gerente y concejal de Albatera, Javier Bru, fueron detenidos y encarcelados en Fontcalent, de donde salieron un mes después, tras el pago de una fianza de 100.000 euros cada uno de los Fenoll y 60.000, su empleado, el edil de Albatera. Extorsión, tráfico de influencias, amenazas y cohecho fueron algunos de los delitos que se le atribuyeron a Fenoll. Extorsión con grabaciones de audio y de vídeo con cámara oculta, a empresarios y políticos con intereses en la gestión de los residuos, tanto en el plan zonal como en el contrato de la basura de Orihuela, la capital de la comarca. Ese mismo mes de marzo de 2006, Fenoll quedó tercero en el concurso municipal de la concesión de la recogida de basura en Orihuela. No le sentó bien y decidió distribuir a la prensa unas grabaciones en las que el concejal Jesús Ferrández (del Centro Liberal, una escisión del PP) afirmaba que su grupo, el alcalde José Manuel Medina, otro concejal del PP y un tránsfuga se iban a repartir casi dos millones de euros por adjudicar la contrata a Urbaser. En un momento de la conversación, el edil del Centro Liberal reconocía que no quería ser alcalde porque prefería «mangonear en la sombra». «Yo quiero mangonear por detrás, que es lo que me gusta… yo alcalde, no. A mí eso de los discursitos me suda el capullo».
Este asunto sirvió para enriquecer la fonoteca de un Ángel Fenoll que siempre tuvo querencia por filmar y grabar a sus interlocutores. Aquellas pesquisas policiales se saldaron con la incautación de más de 200 cintas de vídeo y audio que podrían constituir un testimonio de gran valor sobre el lado oscuro de la política de la Vega Baja. Meses después de desencadenarse la operación Brugal, el Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la zona XVII correspondiente a la Vega Baja adjudicó por unanimidad, el 3 de enero de 2008, toda la obra pública del plan a la UTE Cespa-Ortiz. La explotación de la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados en los 27 municipios de la Vega Baja es un negocio millonario. El Consorcio pagará un canon anual de 18 millones de euros durante dos décadas a la adjudicataria.
La adjudicación estuvo siempre bajo sospecha. Antes y, sobre todo, después. Con todo, la Unión Temporal de Empresas formada por Cespa-Ortiz fue la mejor valorada por la comisión técnica de la diputación que adjudicó el proyecto. Precisamente esta UTE no presentó una oferta de suelo en firme en la pedanía de Torremendo (donde se instalará el vertedero) pese a que puntuaba a la hora de obtener la adjudicación. Es ahí donde entra de nuevo en juego el nombre de Ángel Fenoll. El empresario, que como se ha dicho no había obtenido la contrata municipal de las basuras de Orihuela pese a su empeño por conseguirla, estaba detrás de la operación de compra venta que realizó la empresa de Enrique Ortiz en Torremendo.
Los polémicos 600.000 metros
Cespa-Ortiz adquirió unos 600.000 metros cuadrados de una finca que previamente había sido comprada por Proambiente, empresa de limpieza propiedad de Ángel Fenoll. Los terrenos de la finca La Pistola, que así se llama, los adquirió Fenoll días antes de presentarse las plicas para el concurso del Plan Zonal de Residuos y justo dos meses antes de las elecciones municipales y del estallido de la referida operación Brugal, aún bajo secreto sumarial.
Lo curioso es que ese suelo había sido rechazado previamente por los técnicos para la instalación del vertedero y calificado como «no apto» para las instalaciones. De repente, sí valían tras unas «subsanaciones». El grupo socialista llegó a preguntar en un pleno al concejal Manuel Abadía, detenido ayer, si intervino en la compra-venta de esos terrenos, hechos que el PSOE nunca pudo confirmar, aunque sí lo sugirió. Abadía, antes de ser edil, fue corredor de fincas.
Por otra parte, fuentes zaplanistas subrayaron ayer que el plan de la Vega Baja, además de gozar de la unanimidad de PP y PSPV en el consorcio de la diputación, fue aprobado por la Conselleria de Medio Ambiente del Consell de Camps. También recalcaron que todos los informes técnicos eran favorables a la concesión a la UTE Cespa-Ortiz.
