Compromís denuncia que el Consell rebajó las sanciones a los geriátricos de los Cotino

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
Bienestar Social rebajó entre 2007 y 2010 a la entonces empresa de residencias geriátricas de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino y del constructor Enrique Ortiz, entre otros socios, las sanciones que se derivaban de expedientes de la Inspección de Servicios Sociales, en al menos 106.500 euros, según denunció ayer la portavoz adjunta de Compromís en las Corts Mónica Oltra. Según la parlamentaria, la dirección general sobre la Dependencia impuso a nueve de los 22 centros de Savia, por 17 expedientes abiertos, multas que suman 15.000 euros, cuando las sanciones planteadas por la Inspección, de acuerdo con el baremo fijado por la ley, comportaban una horquilla entre 120.500 y 600.000 euros.
Oltra censuró este "trato de favor" a la en aquella época empresa ligada a la familia de Cotino (recientemente han vendido Sedesa, con la que participaban en el accionariado de Gerocentros-Savia) y reclamó a través de las Corts todos los informes y las resoluciones de la conselleria que justifiquen "en Derecho" esta rebaja.
Explicó que la Inspección eleva una propuesta de sanción cuando tras varios avisos la residencia no subsana las deficiencias pero que corresponde a la dirección general fijar la cuantía según la gravedad: De 300 a 3.000 euros para las sanciones leves; 3.000 a 15.000, graves; y 15.000 a 600.000, muy graves. La suma de las cantidades económicas derivadas de las sanciones propuestas por la Inspección oscila entre los 120.500 y los 600.000 euros. Sin embargo, la dirección general ha impuesto multas por un total de 15.000 euros, dijo, y pese a que está obligada a justificar una disminución de la sanción, en las resoluciones "no hay ninguna argumentación jurídica de por qué se le ha aplicado esa rebaja", aseveró. Por ello se preguntó "si la única justificación es que se trata de una empresa de familiares de Cotino". "Son resoluciones arbitrarias, no motivadas", insistió.
Las residencias aludidas son las de San Antonio de Benagéber, Albuixech, Silla, La Nucia, Xirivella, Manises, Paiporta, Benicarló y Alcàsser. Entre las supuestas deficiencias figuran las relacionadas con la atención médica, falta de personal y de medidas de seguridad, errores en la medicación y el diagnóstico clínico, omisión de atención clínica y alergias a la penicilina no informadas, plantilla o inexistencia de habitaciones individuales.

"Igual con todas las empresas"
La conselleria replicó que lo que la diputada presentó como denuncia corresponde a "la tramitación normal de un expediente". "Cuando la Inspección acaba en expediente sancionador, la ley contempla que la empresa tenga 6 meses para solventar el hecho que lo motivó; si subsana las deficiencias, la sanción se atenúa", recalcó un portavoz de Bienestar Social. "El objetivo de la sanción siempre es la solución del problema", dijo. La misma fuente subrayó que este procedimiento se sigue igual con todas las firmas afectadas por expedientes, que también han visto reducida la multa. "Los controles son muy, muy estrictos y se actúa sin mirar de quién es la empresa", aseguró otro responsable. Savia no respondió al ofrecimiento para dar su versión.