Enrique Ortiz: fraude y cohecho; Rafael Gregori: libertad bajo fianza

El constructor se muestra «contento» por haber eludido la fianza de 800.000 euros que pedía el fiscal

LEVANTE-EMV.COM El empresario alicantino y máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, quedó en libertad ayer imputado por un delito de fraude y otro de cohecho después de declarar durante cerca de dos horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que instruye el llamado caso Brugal, según explicó el letrado del constructor alicantino, Alejandro Bas.
El abogado hizo estas declaraciones cerca de las 18 horas de ayer, acompañado por Enrique Ortiz, a la salida del juzgado número 3 de Orihuela, encargado del caso Brugal, donde había acudido dos horas antes para prestar declaración. Bas señaló que el fiscal «pedía una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros» que ha sido «desestimada», por lo que el juzgado no ha tomado «ninguna medida cautelar» contra Ortiz.
El propio empresario, en declaraciones a los medios de comunicación, afirmó que «respeta a los jueces» y remarcó que el titular del juzgado «no ha tomado ninguna medida cautelar» en su contra. Además, dijo sentirse «contento» por la decisión del juez de no aceptar la petición del fiscal de medidas cautelares. Al ser preguntado sobre si pesaban cargos en su contra, declaró: «Claro que los hay», dijo.
La declaración de Ortiz estaba prevista a las 13 horas, aunque se retrasó. Además de Ortiz, uno de los once detenidos el pasado martes en la operación Brugal, también prestó declaración ante el juez un empleado del empresario Ortiz. También declararon y quedaron en libertad el ingeniero y amigo del empresario José Francisco León, el gerente de Inusa, José Candel, y el apoderado de la compañía Sufi, Luis Bracho. Tal como adelantó ayer Levante-EMV, la policía también ha registrado la delegación de este empresa en Valencia. Sufi es la actual adjudicataria de la gestión de las basuras en Orihuela.
Con anterioridad a la declaración del conocido constructor alicantino, en cuya empresa recayó la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja, el juez interrogó al empresario de la automoción y ex presidente de la Fundación del Hércules CF, Rafael Gregori, quien tendrá que reunir 100.000 euros si quiere eludir la cárcel.
De hecho el juez decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros tras acusarle de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude, según fuentes judiciales. El empresario de automoción fue el único de los investigados que ayer declararon ante el juzgado de Orihuela que no ha podido burlar la fianza para quedar en libertad.

La misma fianza que hace meses
No es la primera vez, aunque por causas judiciales distintas que este empresario alicantino se ve en una situación similar. El pasado mes de abril el juzgado de guardia de Alicante acordó entonces, a petición de la Fiscalía, la prisión preventiva eludible con sendas fianzas de 100.000 euros a Gregori y a su hermano. Ambos habían sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de una estafa de varios de millones de euros a la financiera de Renault. Rafael Gregori dejó por este escándalo su cargo en la Fundación Hércules de Alicante.
El juzgado de Orihuela tiene previsto que mañana comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas otras cinco personas.
Se trata de los tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela que también fueron detenidos el pasado martes y del empresario Ángel Fenoll y su hijo, ambos también en la lista de sospechosos por las irregularidades en la contratación de la gestión de residuos en la Vega Baja.

La policía interviene un revólver en la caja fuerte del empresario
Además de la numerosa documentación en papel y soporte informático intervenida por la policía nacional en la sede de la empresa de Enrique Ortiz, los agentes se llevaron una sorpresa al descubrir durante el registro un revólver en aparente buen estado de funcionamiento. El arma de fuego se encontraba en la caja fuerte que el constructor tiene en la sede de la empresa Cívica, aunque alegó que era de un empleado suyo, Vicente Ferrándiz, que la dejó allí hace mucho tiempo y no recordaba que estuviera aún guardada. Ortiz explicó además a los investigadores policiales que varios empleados de su empresa tienen acceso autorizado a la caja fuerte donde se localizó el arma. El secretario judicial de Alicante que acudió al registro en la empresa de Ortiz incluyó en el acta la incautación del arma de fuego y la policía nacional ha instruido unas diligencias policiales separadas de las de la operación Brugal por un presunto delito de tenencia ilícita de armas en el que aparece el empresario como denunciado al no disponer de licencia ni de documentación del revólver, aunque en el futuro podría quedar exculpado tras la investigación que se realice a partir de ahora. El trabajador de Ortiz, que también es colaborador de la Fundación del Hércules, ya ha prestado declaración en la Comisaría Provincial y ha admitido que el revólver incautado es de tiro olímpico y de su propiedad. Lo que no ha trascendido es si Ferrándiz ha aportado en las dependencias policiales la documentación sobre el arma de fuego hallada en la caja fuerte. El revólver ha quedado intervenido en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía para investigar su procedencia y comunicar al juzgado un informe sobre el arma. Por el momento se desconoce si las diligencias abiertas por el presunto delito de tenencia ilícita de armas van a ser instruidas judicialmente en Alicante, donde se incautó el revólver, o en Orihuela, donde se encuentra el juzgado que autorizó el registro de la empresa de Ortiz. Pedro ferrada alicante