Interior activa la expulsión de España de la mujer que denunció abusos de un policía

RAMÓN FERRANDO VALENCIA
El Ministerio del Interior ha activado la expulsión de una inmigrante marroquí que denunció que un agente del Cuerpo Nacional de Policía abusó sexualmente de ella en la comisaría de Orihuela. La joven permanece retenida desde ha­ce más de un mes en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia y la intención de Interior es repatriarla el próximo martes. La Fiscalía se opone a la expulsión porque el juzgado de Orihuela está investigando los supues­tos abusos sexuales y se perdería la prueba principal. Los miembros de la «Campaña por el cierre del centro de extranjeros» de Valencia han denunciando el caso ante el Defensor del Pueblo.
Fuentes de la Fiscalía explicaron a Levante-EMV que «es fundamental la presencia de la testigo en el juicio» por los supuestos abusos sexuales. La Fiscalía cree que no se va a producir la extradición, pero al abogado de la joven le han comunicado que es inminente.
La inmigrante, que responde a las iniciales N. B., fue detenida el 28 de mayo en Orihuela. Los agentes comprobaron que tenía en vigor una orden de expulsión desde hace tres años y pidieron al juzgado que la internara en el CIE de Valencia.
La joven compareció en el juzgado que debía decidir sobre su internamiento. En ese momento, denunció a la juez que un agente de la policía nacional había abusado sexualmente de ella en los calabozos de la comisaría de Orihuela. La juez ordenó que fuera internada y remitió la denuncia de los abusos sexuales a otro juzgado para que abriera diligencias.
El magistrado que recibió la denuncia halló indicios de delito y abrió diligencias previas para esclarecer la supuesta agresión sexual. Mientras el juez comenzó las pesquisas, la joven fue trasladada al CIE de Valencia en cumplimiento de la orden de la otra magistrada. N.B. llegó a Valencia el 31 de mayo y al día siguiente Interior ya intentó ejecutar la extradición, según la queja presentada al Defensor del Pueblo.
El fiscal que investiga los supuestos abusos se opuso a la extradición, alegando que necesita que la joven permanezca en España para realizar las pruebas pertinentes y que comparezca en el eventual juicio oral contra el policía denunciado, según confirmaron fuentes de la Fiscalía. Además, solicitó a Interior que concediera a la inmigrante un permiso de residencia excepcional por colaboración con la justicia.
La Secretaría de Estado de Seguridad denegó el permiso especial con el argumento de que el delito de abusos sexuales cometido por un funcionario público no es de los que dan derecho a obtenerlo, según las mismas fuentes.
La joven fue trasladada a Orihuela para declarar y hacer prescindible su presencia en el juicio. Sin embargo, el sistema informático del juzgado falló y no se pudo grabar la declaración. El fiscal emitió un nuevo informe insistiendo en que la joven no debía ser expulsada, pero Interior ya ha preparado su extradición. Este periódico intentó sin éxito recabar la versión de Interior.
Según la plataforma que promueve el cierre del CIE de Valencia, la joven permaneció un mes sin salir al patio de Zapadores porque los agentes que vigilaban las salidas eran hombres y estaban preocupados por el antecedente de la denuncia.