El juez imputa a los tres ediles de Orihuela por cohecho, fraude y tráfico de influencias

LEVANTE-EMV ORIHUELA
Los concejales de Orihuela Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía quedaron ayer en libertad sin fianza, aunque imputados.
Los tres ediles del PP están imputados por los presuntos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionario. Son los mismos delitos que se le imputan al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, excepto el de revelación de secretos.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que investiga la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, tomó esta medida tras tomar declaración a los concejales.
Según las fuentes consultadas, el fiscal Felipe Briones había solicitado para cada uno de los concejales la medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, petición que fue desestimada por el juez.
Los tres ediles salieron del juzgado cerca de las 12.30 horas de ayer, acompañados de sus abogados. Ginés Sánchez indicó a la salida de la instalación judicial que no puede decir "de qué está imputado" debido al "secreto de sumario" decretado para las diligencias previas por el juez, y sólo añadió que ha quedado "en libertad, sin medidas cautelares".
Tanto la defensa legal de Ginés Sánchez como la de Antonio Rodríguez Murcia corre a cargo del Ayuntamiento de Orihuela, mientras que Manuel Abadía se ha proporcionado sus propios abogados. Además, Abadía quiso reiterar su "máximo respeto a la Justicia" a su salida del juzgado número 3 de Orihuela.
Ginés Sánchez fue el primero en llegar a los juzgados de la localidad sobre las 9.00 horas, seguido de Antonio Rodríguez Murcia, que acudió a las 10.00 horas. A las 11.00 horas se personó el tercero de los ediles del equipo de Gobierno del PP, Manuel Abadía.
Las comparecencias de ayer tuvieron lugar después de que el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, fuera imputado formalmente en la investigación de la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, al igual que otros cinco empresarios.
La operación Brugal investiga supuestos casos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de la recogida de basuras al sur de Alicante, en la comarca de la Vega Baja. De hecho, el nombre de la operación Brugal corresponde a un acróstico, en referencia a Basuras Rurales Gestión Alicante.
El juez investiga la adjudicación de la planta de basuras correspondiente a la zona XVII del Plan Integral de Residuos.
El concurso se adjudicó por 19 millones de euros anuales durante dos décadas, es decir, 380 millones de euros. Según fuentes políticas, la investigación también apuntaría tal blanqueo de dinero en paraísos fiscales y a la financiación ilegal del PP.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, lamentó ayer que, en la operación"Brugal" no ha prevalecido el bien jurídico de "la integridad moral y el honor de las personas". La consellera consideró que, "sea cual sea el final" esas personas "han pagado ya" la llamada "pena del telediario, la pena mediática", lo que merece una reflexión de la sociedad. Sánchez de León lamentó que se ha vuelto a asistir " a un espectáculo y a un esperpento", en el que las actuaciones de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad del Estado se han convertido "otra vez en un gran teatro" retransmitido "en directo". Todo esto supone "un gran atentado y una gran quiebra en nuestro Estado de Derecho". Por su parte, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta dijo que la Policía actuó "estrictamente" bajo las indicaciones judiciales, por lo que pidió al PP explicaciones por cargar contra los organismos del Estado. Maria Dolores de Cospedal dijo que "yo pongo la mano en el fuego por mi familia, por mí misma y también por la presunción de inocencia". Alfonso Rus criticó que se monte un despliege policial en la Diputación para llevarse detenido al máximo responsable "sin orden judicial, retenerlo hasta la noche en la comisaria y no comunicarle ni de qué se le acusa".