El poder transversal de la basura

Las basuras, en la Vega Baja, sí que son razón de Estado. La unanimidad de PP y PSPV distinguió la adjudicación del plan zonal, meses después de estallar el caso Brugal. Y el plurimputado empresario Ángel Fenoll cuida las relaciones con dirigentes y alcaldes socialistas, de quienes logró concesiones y a los que invitó a comer hace 53 días.

FRANCESC ARABÍ VALENCIA La adjudicación del plan zonal de basuras de la Vega Baja a la UTE formada por Cespa y Enrique Ortiz -el eje del caso Brugal- estuvo bendecida por la unanimidad política, como si se tratara de una cuestión de Estado. La primera operación policial y judicial de este caso se había desencadenado 72 horas después de las elecciones de 2007 y condujo a prisión al empresario Ángel Fenoll, a su hijo, Antonio Ángel, y a su empleado Javier Bru, concejal de Albatera y gerente de la empresa Colsur, la firma matriz del grupo de Fenoll. Pero el escándalo de las basuras -centrado entonces en las grabaciones hechas por Fenoll que revelaban un supuesto reparto de comisiones en el contrato de los residuos de Orihuela y con la adjudicación del plan comarcal en el punto de mira- no fue óbice para que aquella concesión se otorgara (el 3 de enero de 2008) por unanimidad de PP y PSPV en el Consorcio de Residuos para la Vega Baja.
El informe técnico en la mesa de contratación fue favorable a la propuesta elegida, lo mismo que el voto del representante socialista y alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo, quien hizo efectivo el sí del grupo provincial socialista que dirige Antonio Amorós. La UTE de Cespa y Ortiz se llevó el contrato de 20 años, con un canon anual de 18 millones, con el consenso total de los 27 ayuntamientos de la comarca que integran la junta. Incluidos los municipios socialistas de Guardamar, Pilar de la Horadada, Benferri, Los Montesinos, San Isidro o Bigastro, cuyo alcalde José Joaquín Moya -detenido en octubre de 2008 por la Guardia Civil acusado de delito urbanístico- siempre tuvo magníficas relaciones con Luis Fernando Cartagena, el ex alcalde de Orihuela y mandamás del PP de la comarca durante tres lustros. Los ayuntamientos de la Vega Baja controlan el 60% del consorcio, mientras que diputación -responsable de los planes zonales- y Generalitat tienen a medias el 40% restante. La conselleria de Medio Ambiente, entonces dirigida por García Antón, bendijo la adjudicación. El PSPV marcó después distancias cuando se cambió la ubicación prevista para la planta de basuras desde la finca Lo Cartagena a La Pistola, donde Fenoll escrituró, poco antes de la primera operación Brugal, tres parcelas con una superficie de 600.000 metros y una firma de Ortiz -Novalis Medio Ambiente - adquirió un terreno similar.
El cambio se justificó en la excesiva proximidad del primer destino a Torremendo, núcleo de población que siempre estuvo en el mismo sitio. Pero desde el PSPV echaron de menos informes de impacto ambiental que avalaran el cambio de ubicación. El contrato del plan comarcal se otorgó con el caso Brugal bajo secreto sumarial. Y así sigue, tres años después. Un tiempo en el que el empresario rey de los vertederos ha consolidado una posición de "apestado" a golpe de condenas judiciales. Con todo, sigue gestionando varias concesiones locales en la comarca (llegó a tener 19), incluidos algunos de los ayuntamientos socialistas. Es el caso de Redován, cuya alcaldesa, Leticia Bas, acaba de mejorar y ampliar el contrato de su municipio con Colsur, la matriz del grupo empresarial de Fenoll.
Porque el señor de las basuras tiene también mucho predicamento entre dirigentes socialistas del ámbito local o provincial. Una muestra es la fotografía que acompaña a esta información. Corresponde al pasado 18 de mayo. A punto de cumplirse tres años de las detenciones de los Fenoll, el patriarca invitó a los alcaldes socialistas de la comarca a visitar las instalaciones de la planta de basuras de Proambiente. La comitiva la encabezó la citada alcaldesa de Redován, junto a correligionarios de San Isidro o Los Montesinos, entre otros. La alcaldesa de Guardamar, Maryléne Albentosa, y el alcalde de Pilar de la Horadada, Ignacio Ramos, se borraron de esa excursión.
Como hombre de negocios, Fenoll cuidó siempre las relaciones a derecha e izquierda. Más aún cuando en Orihuela fue proscrito, en 2006, por el entonces alcalde, José Manuel Medina, quien lo relegó de su condición de empresario de cabecera a tercero entre tres en el concurso de las basuras. Le hizo pagar a Fenoll su apoyo a Mónica Lorente como aspirante zaplanista a controlar la potente asamblea del PP oriolano y, de paso, destronar al alcalde para ser ella la candidata.

Aportó autobuses con votantes
Fenoll, con quien el ayuntamiento acumulaba una deuda que rondaba los 6 millones de euros, aportó a Lorente los cientos de votos que controlaba gracias a una red clientelar montada a la sombra de su actividad empresarial. "Llenaba varios autobuses con gente cuando había votación en el PP", cuenta un conocedor de la política local. Al difundir la grabación en la que el edil del Centro Liberal Jesús Ferrández explicaba el reparto de comisiones si Urbaser se llevaba el contrato, Fenoll logró que Medina no tuviera más remedio que aplazar la adjudicación y encargar un informe a a la Politécnica de Valencia sobre las ofertas presentadas.
Pasaron los meses, llegaron las elecciones y arrasó Mónica Lorente, lo cual fue una excelente noticia para Fenoll. Pero se desplegó la primera fase de la operación Brugal y de nuevo se aplazó la adjudicación. La contrata local se la llevó, en septiembre de 2008, la UTE formada por Liasur, Gobancast y Sufi, cuyo gerente, Luis Bracho, está imputado en el caso Brugal.