Defraudados, desesperados y engañados. Promesas incumplidas y prestaciones notificadas de pagos atrasados que parecen no llegar nunca. Éste es el día a día de miles de personas en situación de dependencia que no saben a qué clavo agarrarse. En Alicante, una mujer, Llanos y su hijo, Ulises, se encadenaron ayer para exigir el pago de unos atrasos (13.416 euros) que a pesar de estar reconocidos, no solo no llegan sino que se los quieren recortar a la mitad (6.516) y, aún así, tampoco se los pagan.

En Valencia, miembros de la plataforma en defensa de la ley de la dependencia se concentraron ayer ante la sede de la secretaría autonómica de la Conselleria de Bienestar Social para respaldar a esta madre y su hijo y reiterar la denuncia de que a 1 de julio en la Comunitat Valenciana hay 40.000 personas a la espera de recibir la propuesta del Programa Individual de Atención (PIA) y otros 30.000 beneficiarios con derecho a la prestación que, "incomprensiblemente, aún no han cobrado", según expresó la portavoz de la Plataforma.

Esta representante aseguró que el dinero que envía la Administración Central del Estado para dependencia, "se pierde por el camino o se deja de percibir por la negligencia del Gobierno de Camps en la tramitación de la ley".

"Hemos agotado nuestra paciencia -añadió-en el lento y complicado procedimiento para solicitar la ayuda, los plazos se alargan, las ayudas tardan más de 18 meses en llegar, si llegan, muchos dependientes han muerto y los familiares pierden sus derechos al no reconocerles la retroactividad desde la fecha de solicitud".