El fiscal anticorrupción Luis Pastor ultima su escrito de acusación provisional contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, imputado en delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. Según ha podido saber este diario, Pastor podría enviar su petición al Juzgado de Nules a finales de esta semana o principios de la que viene y está valorando solicitar penas de cárcel para el líder provincial del PP, su esposa María Amparo Fernández, el empresario Vicente Vilar (gerente de Naranjax) y la ex esposa de éste, Montserrat Vives.
Fuentes próximas a Fiscalía explicaron ayer que Pastor pretende centrar el núcleo de su acusación principal en el artículo 305 del Código Penal, que castiga los delitos contra la Hacienda Pública. Este artículo establece penas de entre 1 y 4 años de prisión a quien "por acción u omisión defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, o ingresos a cuenta de retribuciones en especie, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales (...)".
Como los inspectores de la Fiscalía Anticorrupción han hallado hasta 5 delitos fiscales supuestamente cometidos por Fabra entre los años 1999 y 2004, el líder provincial del PP podría enfrentarse a una petición de cárcel de 5 años como mínimo y de 20 como máximo.
Otros delitos
Por otro lado, Pastor estudia a estas horas qué pena fija contra Fabra, Fernández, Vilar y Vives como imputados en delitos de cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de productos fitosanitarios agrícolas. Esta petición fiscal incrementaría aún más la suma de condenas para los implicados.
El artículo 305 del Código Penal establece claramente que cometen un delito contra la Hacienda Pública todas las personas que hayan defraudado al fisco siempre que la cuantía de la cuota exceda de los 120.000 euros. Además, el fiscal podría solicitar una "multa del tanto al séxtuplo de la cantidad supuestamente defrauda".
Carlos Fabra, que está acusado de haber obtenido cantidades millonarias sin justificar entre 1999 y 2004, no ha podido explicar en seis años de investigación en los Juzgados de Nules por qué no declaró casi un millón de euros al erario público.
Así, los inspectores de Hacienda le imputan un fraude de 253.254 euros cometido en el año 1999; 158.976 en 2000; 141.302 en 2001; 174.836 en 2002; 158.105 en 2003; y 94.459 en 2004 (las irregularidades detectadas durante este último ejercicio no llegarían a los 120.000 euros fijados por el Código Penal para que puedan considerarse delito).
El PSPV denuncia el "silencio" del PP
El secretario de organización del PSPV-PSOE y diputado provincial, Francisco Valverde, lamentó ayer el "vergonzoso" silencio que se "ha apoderado de todo el PP de la provincia de Castelló, con Alberto Fabra, Javier Moliner y Marisol Linares a la cabeza, así como de la Comunitat y de España, con Mariano Rajoy incluido", tras conocerse la decisión de la acusación particular de pedir 20 años de cárcel para el presidente de la diputación por delitos como el tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de dinero y el fraude fiscal.
Valverde recordó que nunca ningún político de la provincia de Castelló "en toda su historia se ha enfrentado a una pena de cárcel tan importante por corrupción" y denunció que con su silencio "todos los responsables de Partido Popular deberán responder ante la opinión pública por haber dado cobertura durante tantos años a una persona como Carlos Fabra, a pesar de conocer la existencia de informes oficiales" y judiciales que lo inculpan.
