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PILAR G. DEL BURGO VALENCIA
El Gobierno de Camps no podrá redactar una normativa autonómica para regular y ampliar el derecho de objeción de conciencia de los médicos que se opongan a realizar interrupciones de embarazo con la nueva ley de plazos. El Ejecutivo valenciano carece de competencias. Así de claro lo expresó ayer a Levante-EMV el secretario general del Ministerio de Sanidad y Política Social, José Martínez Olmos.
"No corresponde a las comunidades autónomas realizar esta normativa; la objeción se regula con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que recoge cuáles son los criterios a los que se pueden acoger los médicos", agregó Martínez Olmos.
El alto cargo advirtió también al Ejecutivo de Camps de que la Abogacía General de Estado está atenta y vigilante para ver que deciden respecto a la inclusión de imágenes de fetos y de aborto en el sobre que se proporciona a las mujeres que solicitan una interrupción de embarazo. "Conocemos de la intención de incorporar estas imágenes que no tendrán cabida en el ámbito normativo", sentenció Martínez Olmos, que pidió cautela para ver "cómo se formula la propuesta" anunciada tras el pleno del pasado viernes.
El secretario añadió: "Si la iniciativa estuviera fuera de la ley la impugnaríamos y la llevaríamos a los tribunales."
"Que no busquen resquicios pa?ra cumplir la ley, que no hay que presionar a las mujeres, lo que hay que hacer es ofrecerles una información objetiva y veraz, de todas las ayudas para que en el período de reflexión de tres días, lo decidan", expresó Martínez Olmos, que recalcó que el Gobierno tiene "especial interés" en que se cumpla la ley en los embarazos no deseados, "lo que seguramente reducirá el número de abortos".
El alto cargo exigió rigor en el cumplimiento de la ley para mantener la seguridad jurídica de los profesionales y el anonimato de las mujeres que lo soliciten, "a ver si se les pasa pronto esa fiebre", agregó en relación a la contra campaña emprendida por el Ejecutivo de Camps, que calificó de "demagógica".
Por otra parte, el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos se reunirá el próximo 23 de julio en Valencia para definir los argumentos legales en los que apoyar la objeción de conciencia de los médicos que la soliciten.
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