El magistrado del caso Brugal, Carlos San Martín, decidió ayer inhibirse de la investigación judicial que afecta, entre otros, al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y al empresario Enrique Ortiz por el plan zonal de residuos y enviarla a los juzgados de Benalúa de Alicante. La intención del juez es dividir la causa en varias más pequeñas y repartirlas entre distintos órganos de instrucción, una medida muy similar a la adoptada en el llamado caso Orihuela en tiempos de José Manuel Medina.
Aunque no hubo notificación oficial, el juez prorrogó también el secreto del sumario, una medida sobre la que a partir de ahora tendrá que pronunciarse el o los magistrados que asuman la investigación. De aceptarse la inhibición planteada por San Carlos, en los juzgados de Orihuela se quedaría sólo lo referente a la adjudicación de la contrata de basuras en ese ayuntamiento.
La decisión del juzgado no se había notificado ayer a las partes, aunque el magistrado mantuvo una entrevista a primera hora de la mañana con el fiscal Anticorrupción para, entre otros asuntos, informarle de su postura. Uno de los argumentos del juez San Martin para desprenderse de una parte de la investigación es que la decisión de adjudicar el plan zonal de residuos, cuya sede es la Diputación, se tomó en el Palacio Provincial. Aunque el ministerio público se oponía en una principio a que esta investigación saliera de Orihuela, no ha recurrido, que se sepa, la decisión adoptada ayer por el magistrado.
Tras la reunión de ayer, el magistrado continuó celebrando juicios con normalidad aunque todas las vistas que había señaladas quedaron suspendidas hasta las 11de la mañana. También se personaron en el juzgado los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que han llevado a cabo las pesquisas policiales.
A los abogados de los imputados tampoco se les había notificado nada sobre la decisión de inhibición. De hecho, ninguno de los letrados se personó ayer en el juzgado. Y desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad se declinó informar oficialmente tanto sobre este aspecto como acerca de la prórroga del secreto del sumario.
Una vez que llegue la causa a Alicante, ésta saldrá a reparto aleatorio entre los distintos juzgados de la capital. Los órganos judiciales afectados por la investigación serán varios, ya que la intención es dividir la investigación en cinco o seis más pequeñas.
Fenoll, su hijo y Gregori pagan los 500.000 euros
Los tres imputados del caso Brugal a los que el juez Carlos San Martín fijó una fianza de 300.000 euros y dos de 100.000 euros para eludir el ingreso en prisión han pagado ya el dinero y en el caso de Ángel Fenoll y su hijo ha sido mediante el aval de bienes inmobiliarios. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana informó ayer en un comunicado de que las fianzas fijadas a los tres imputados "han sido constituidas y proveídas conforme a los escritos que han tenido entrada en Decanato y juzgado en tiempo y forma".
Las defensas de Fenoll y su hijo desconocían ayer tarde que el juzgado hubiese admitido la propiedad inmobiliaria ofertada para pagar las fianzas. Tampoco se les había notificado resolución alguna sobre la prorroga del secreto de sumario y sobre la inhibición a los juzgados de Alicante de parte de la investigación.
En cuanto al abono de la fianza de 100.000 euros impuesta al empresario alicantino Rafael Gregory, se desconoce si ha pagado en efectivo o también ha presentado una propiedad inmobiliaria para avalar el pago.
Cuando fue detenido recientemente por la Guardia Civil en otra operación por una estafa millonaria con el "renting" de camiones ya aportó una propiedad, aunque el juzgado reclamó parte de la fianza en metálico porque no cubría los 100.000 euros fijados por el juzgado de Alicante que le investiga la presunta estafa.
