El magistrado Carlos San Martín, titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, ha ampliado la investigación del llamado caso Brugal a una larga lista de cerca de 40 personas, entre las que se encuentran numerosos cargos públicos del Ayuntamiento de Orihuela, como es el caso de la alcaldesa, Mónica Lorente, además de miembros de la corporación oriolana del actual y del anterior mandato, como el ex regidor José Manuel Medina. En la lista también se encuentran trabajadores y ex trabajadores del empresario Ángel Fenoll, gerente de Colsur y de Proambiente e imputado tanto en la investigación por la contrata municipal de basuras de Orihuela como en la del plan zonal de residuos de la Vega Baja.
La operación Brugal se abrió en mayo de 2007 para investigar supuestas irregularidades en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en Orihuela. Las pesquisas se han ampliado este mes con nuevas imputaciones, también por supuestas irregularidades en relación con la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja por la diputación. Por este asunto ya han declarado como imputados este mes el presidente de la diputación, José Joaquín Ripoll, tres ediles del consistorio oriolano, además de empresarios, como el propio Fenoll, su hijo o Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules.
Comisaría
En el escrito que ayer se les entregó a estas cerca de cuarenta personas, algunos de ellos en las dependencias de la Comisaría de Orihuela, se les informa de que sus nombres figuran en las diligencias de investigación del sumario y que éste continúa bajo secreto, por lo que no se les puede dar más datos. En el auto, además, se les solicita de forma escueta que colaboren facilitando su dirección a efectos de notificación. El magistrado instructor delegó este trámite, que es muy poco habitual aunque no incorrecto, en agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Al cierre de esta edición aún no se habían entregado todas las notificaciones judiciales a los afectados.
Muchos de los nombres de la larga lista comenzaron a correr de boca en boca ayer por tratarse de miembros del actual equipo de gobierno o del anterior, en ambos casos del PP. Lo más llamativo es que entre ellos se encuentran Mónica Lorente o José Manuel Medina, a quienes hasta ahora no se les había relacionado con esta causa.
Desde el equipo de gobierno un portavoz indicó que la citación sólo alude a que estas personas podrían estar incluidas en las actuaciones de investigación y que, por ese motivo, se les pedía el domicilio habitual. Las mismas fuentes negaron rotundamente que se hubiera notificado a los ediles que estén imputados. Otras fuentes en cambio sí aseguraron a este diario que, en algunos escritos del juez, sí se informa al destinatario de su imputación en el caso Brugal. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía localizó a muchos de los destinatarios a través del teléfono y, principalmente, del propio ayuntamiento.
Tensión en la diputación
Por otra parte, el PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante exigió que aclare su papel en el caso Brugal o que dimita al presidente de la institución, José Joaquín Ripoll, del PP, quien se defendió asegurando que no ha habido "nada irregular" y que la gestión investigada de los residuos se aprobó por unanimidad.
El popular presidió ayer su primer pleno en la diputación desde que fuera detenido. En la sesión plenaria, el socialista Antonio Amorós expresó la "indignación" ciudadana por el comportamiento "bajo sospecha" de Ripoll.
El presidente de la diputación respondió que "a la diputación no se le acusa de nada y a su presidente tampoco: Se le acusa al presidente del Consorcio, que aunque coincide en la persona no tiene nada que ver con la gestión de la diputación".
