Tras más de 6 años de investigación y 20.000 folios de sumario, la Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso crucial en el caso Fabra al solicitar 15 años de prisión para el presidente de la Diputación de Castelló por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Desde ayer, Carlos Fabra no es un simple imputado judicial, puesto que pasa a tener la consideración de acusado y está a un paso de sentarse en el banquillo de la Audiencia para ser juzgado.
El fiscal Luis Pastor considera que hay pruebas de que Fabra se dejó sobornar por el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, a cambio de favores políticos en la tramitación de licencias para productos insecticidas agrarios.
En su escrito, Pastor asegura que en el año 1999 Vilar y su esposa, Montserrat Vives, se pusieron en contacto con Fabra para que, "valiéndose de su cargo y de los contactos que tenía, intermediara y tratara de influir ante los ministerios de Agricultura y Sanidad" en favor de los productos de Naranjax. En aquellas fechas Vilar estaba desesperado porque los ministerios rechazaban sistemáticamente todas las solicitudes que presentaba para lanzar al mercado su última gama de sustancias acaricidas. El industrial pensó que Fabra podría ayudarle a "desatascar" la situación y le propuso dinero a cambio de mover sus hilos e influencias.
Según el fiscal, las actuaciones del "señor Fabra ante los citados ministerios se produjeron entre los años 1999 y 2002". En esas fechas, "constan diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos de los citados ministerios y de las Cortes Generales".
La maquinaria Fabra/Vilar se mostró bien engrasada desde el principio y rindió sus primeros réditos cuando a finales de los años 90 los funcionarios ministeriales empezaron a aprobar los productos de Naranjax. Sólo faltaba un último detalle: una empresa tapadera que pusiera el andamiaje legal al negocio y canalizara los beneficios. En diciembre de 1999, los dos matrimonios adquirieron Artemis 2000, una empresa reflotada que "carecía de actividad y de trabajadores" cuyo capital social se distribuyó al 50% entre las mujeres del político y del empresario.
"Esta firma era la titular de los productos registrados ante el Ministerio de Agricultura, de los que Naranjax tenía la exclusiva de su distribución". Tras la constitución de esta sociedad, Fabra continuó con su "tarea de intermediación" ante autoridades políticas y administrativas en favor "no ya sólo de las empresas de Vilar y Vives, sino también de la de su esposa".
Esta actividad de presión en las ventanillas ministeriales iba dirigida en todo momento a conseguir una "mayor agilización en la concesión de licencias para la producción y comercialización de productos fitosanitarios" del entorno de Vilar.
La última pieza que le faltaba al puzle era Carmacas SL, la asesoría que Fabra fundó en abril del año 2000. Su objetivo: "canalizar los pagos realizados por Vilar al presidente", según el contundente escrito de la Fiscalía.
