El Defensor del Pueblo critica el retraso del Consell en ayudar a víctimas del terrorismo

RAMÓN FERRANDO VALENCIA
El Defensor del Pueblo censura en su informe anual al Consell por el retraso en conceder las ayudas a las víctimas del terrorismo. La institución considera "incomprensible" que una familia haya tardado tres años en recibir una respuesta de la Administración a pesar de que en ese periodo sólo se han tramitado "dieciséis expedientes". La viuda del asesinado en el atentado y sus tres hijos obtuvieron la indemnización a la que tenían derecho tras la intervención del Defensor.
Enrique Múgica, que acaba de abandonar el cargo, apunta en su última memoria anual que la "atención adecuada a las víctimas del terrorismo es un deber del Estado de derecho" que a veces se topa con la burocracia. Múgica lamenta en el documento la odisea de la familia valenciana que reclamó la ayuda.
El Defensor del Pueblo ya advirtió el año pasado a la Generalitat de que era necesario "un cambio profundo en los métodos de gestión para que las personas afectadas obtengan una decisión sobre su petición en un plazo razonable".
La situación denunciada contrasta con que la C. Valenciana fue pionera en el desarrollo de una ley autonómica de ayuda a las víctimas del terrorismo. El texto legal, aprobado en 2004 y mejorado en 2009, establece que los valencianos que sean víctimas de un atentado tienen derecho a una indemnización con independencia del lugar donde se haya producido. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, aseguró hace apenas un mes que la Generalitat Valenciana había concedido desde 2006 "indemnizaciones a favor de 163 beneficiarios por un importe que asciende a 3.905.913 euros" y que las víctimas siempre tendrán el apoyo del Consell.
Sin embargo, en algunos casos la obtención de la prestación es complicada. Según el informe anual de Múgica, la hija del fallecido en el atentado terrorista tuvo que recurrir al Defensor del Pueblo tras esperar durante meses una respuesta de la Generalitat Valenciana. La institución comprobó tras diversas gestiones que el caso no había sido resuelto "casi tres años después de la petición a pesar de que sólo se tramitan dieciséis expedientes en toda la C. Valenciana". Además, el documento revela que dato de 163 beneficiarios manejado por Castellano no coincide con el de Múgica.
La familia solicitó la prestación el 7 de abril de 2006. La Conselleria de Gobernación comunicó al Defensor del Pueblo que la Generalitat adoptó el 20 de marzo de 2009 el acuerdo por el que se reconocían a la viuda e hijos de la persona que había fallecido en el atentado terrorista las ayudas económicas establecidas en la ley. En concreto, la viuda recibió 20.734 euros y cada uno de los tres hijos 6.911 euros.