A la espera de la Oficina Judicial para la unificación de las ejecutorias

R. F. VALENCIA La Conselleria de Justicia lleva dos años anunciando que va a unificar el servicio de ejecutorias en Valencia para acabar con el colapso. El Consell informó por medio de un comunicado el 7 de julio de 2008 que el servicio común de ejecutorias para tratar de reducir el caos en la aplicación de las sentencias ya contaba con la aprobación del Consejo General del Poder Judicial. El entonces conseller Fernando de Rosa, que ahora es vicepresidente del Poder Judicial, destacó que la C. Valenciana era la primera "en presentar un plan de choque para agilizar los asuntos penales". Sin embargo, el proyecto quedó desplazado por la puesta en marcha de la reforma de la oficina judicial, que continúa sin arrancar.
El Consell presentó a los jueces hace tres meses su proyecto de oficina judicial. La reforma apuesta por crear un cuerpo único de funcionarios judiciales. El proyecto, que se enfrenta al problema de la falta de presupuesto, supondrá una revolución ya que los 450 juzgados de la C. Valenciana se van a transformar en oficinas con un magistrado, un secretario y un funcionario de apoyo. El plan afecta a 5.000 funcionarios que dejarán de estar adscritos a sus juzgados actuales y se integrarán en tres tipos de servicios comunes en los que trabajarán para todos los magistrados.
El primer servicio común será de registro y reparto de asuntos, el segundo de tramitación y el tercer de ejecución de sentencias. El cambio es un imperativo legal de la ley orgánica de Oficina Judicial que fue aprobado hace siete años para modernizar la Justicia y acabar con los retrasos. A pesar del plazo transcurrido, la Conselleria de Justicia terminó hace unos meses el proyecto de adaptación y poco antes de su entrada en vigor anunció que necesitará hasta el año 2014 para culminarlo.
De hecho, la implantación de la nueva oficina judicial necesita una inversión aproximada de 7 millones de euros y el Consell sólo ha presupuestado para este año 700.000 euros.

Recorte presupuestario
La falta de presupuesto es precisamente la razón que ha esgrimido la Conselleria de Justicia ante las responsables del juzgado de lo Penal número 14 de Valencia para recortar catorce funcionarios durante los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre de 2010. La juez ya ha advertido a la Dirección General de Justicia de que durante dos meses no va a poder atender "la tramitación de 4.200 ejecutorias".